Propiedad dotacional

La Dotación de Tierras

La dotación es el conjunto de actividades y de servicios que realiza el estado para poner a una familia o a un grupo de campesinos en posesión de una parcela económicamente útil. Pero viéndolo un poco más en el concepto jurídico, es un derecho de propiedad, que se constituye mediante un acto administrativo especial llamado adjudicación de tierras.
Cabida y Límite de Posesión de Parcelas

En cuanto al número de parcelas que puede poseer un adjudicatario, existe legalmente un límite máximo, el cual, sin embargo tiene su excepción. En efecto, el artículo 77 de la ley de reforma agraria señala que cada beneficiario no podrá poseer más de una sola parcela. Con ello se persigue evitar la reconstrucción de latifundio. Sin embargo, la ley como excepción prevé las llamadas dotaciones adicionales, es decir, aquellas que pueden ser otorgadas a favor de donatarios originales.
                         Sistema de Explotación de Parcelas

La Ley de la Reforma Agraria no establece una forma ejecutiva de explotación de las tierras adjudicadas y además no obliga a los adjudicatarios para que adopten la forma colectiva. La Ley, parte de un principio democrático, cual es el de la libre asociatividad de los beneficiarios. Son éstos y no el I.A.N. quienes definen el régimen de explotación de las parcelas. Por otra parte, además de dejar a elección de los beneficiarios la explotación de sus parcelas, cabe señalar que tampoco la Ley señala una sola forma de explotación de las parcelas, sino que es flexible, aunque propugna y promueve las formas cooperativas. En efecto, el aparte ultimo del artículo 76 ejusdem señala que los parceleros decidirán si se organizan en común o en cooperativas para explotar sus parcelas, cuando así lo crean conveniente, y ello sin perjuicio de lo que establezca la Ley de Sociedades Cooperativas sobre el particular.
Limitaciones relativas al uso, goce y disposición de las Parcelas

El uso, goce y disposición de las tierras con vocación agraria están sujetos al efectivo cumplimiento de su función social, que viene a ser la productividad agraria, siendo éste, es un concepto que funge como patrón de medición de la adecuación que exista entre la tierra objeto de propiedad y su función social, por otra parte, el Instituto Nacional de Tierras adoptará las medidas que estime pertinentes para la transformación de las tierras en unidades económicamente productivas.

Al respecto se establecen tres (3) niveles básicos de productividad: finca inculta, finca mejorable y finca productiva.

> Las tierras calificables como ociosas o incultas: son aquellas que no cumplen con los requisitos mínimos de producción.

> La finca mejorable: es aquella que sin ser productiva, puede ser puesta en producción en un lapso de tiempo razonable.

> La finca productiva: es aquella que está dentro de los parámetros de productividad establecidos por el Ejecutivo Nacional es decir que cumple la función social agroalimentaria.

De igual manera, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario establece los límites relativos al uso, goce y disposición de las parcelas adjudicadas por el Instituto Nacional de Tierras, los límites versan en que dichas parcelas pueden ser objeto de garantía crediticia sólo bajo la modalidad de prenda sobre la cosecha, previa aprobación de las Oficinas Regionales de Tierras. Sobre las mismas no podrán constituirse hipotecas o gravámenes de cualquier naturaleza. Debe expedirse por escrito el certificado para constituir prenda agraria.

Extinción de las Adjudicaciones y Certificaciones

Las Adjudicaciones se extinguen por el no uso de la tierra con vocación agrícola y dependiendo del tipo de adjudicación otorgado por el ente rector, mediante los procesos de dotación de tierras o de regularización de la tenencia; en función de que los sujetos sean ocupantes o no de la tierra y del tiempo de dicha ocupación.

El carácter de las adjudicaciones, sean dotaciones o regularizaciones se determinará según los siguientes criterios:

– Cualidad del sujeto solicitante:

  1. Las ciudadanas cabeza de familia que se comprometan a trabajar la parcela para manutención de su grupo familiar
  2. Ciudadanos y ciudadanas nacidos y residentes en zonas rurales, con una edad comprendida entre 18 y 25 años de edad
  3. Comunidades o familias extensivas indígenas reconociendo sus derechos

originarios sobre las tierras que ancestralmente ocupan establecido en la

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

  1. Todos los venezolanos y venezolanas que hayan optado por el trabajo rural y especialmente, la producción agraria como oficio u ocupación principal.

– Según el número de beneficiario:

  1. Individual
  2. Colectivo

De no darse estos supuestos se tomarán los mismos como causales de extinción y revocación de adjudicación y certificaciones.

La adjudicación otorgada podrá ser anulada cuando el adjudicado no cumpla con el compromiso que adquirió, el cual consistía en trabajar la tierra. La anulación la realizará el Instituto Nacional de Tierras.

-Certificación de fincas productivas, los propietarios de tierras privadas que se encuentren en producción ubicadas dentro de las poligonales rurales, deberán solicitar esta certificación siempre y cuando la finca de producción esté ajustada a los planes de seguridad alimentaria establecidos por los organismos competentes.

En el certificado, el Instituto hará constar la extensión de las tierras de que se trate, la calidad de la tierra, los rubros de producción y demás elementos que permitan determinar la productividad de las mismas.

– Certificado de fincas mejorables, los propietarios de tierras rurales que se encuentren ociosas o incultas, deben solicitar un certificado de finca mejorable, por el cual se comprometan a efectuar el mejoramiento y adaptación de su propiedad durante un término perentorio de dos (2) años, de acuerdo con los planes y lineamientos que el Ejecutivo Nacional determine a través del Instituto Nacional de Tierras. Dicho término se computará a partir de la expedición de la certificación correspondiente.
La extinción de la certificación se da si en el transcurso de los dos (2) años antes referidos, el propietario no ha dado cumplimiento a lo establecido en la certificación, o lo ha hecho sólo parcialmente, comenzará a causarse el impuesto respectivo por cada hectárea de tierra ociosa o inculta. Igualmente, la tierra en cuestión podrá ser intervenida o expropiada.

 

Declaratoria de Tierras Ociosas o Incultas

Artículo 37. Cualquier ciudadano o ciudadana podrá presentar denuncia motivada ante la respectiva Oficina Regional de Tierras, cuando tenga conocimiento sobre la existencia de tierras ociosas o incultas. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la denuncia, la respectiva Oficina Regional de Tierras, tomando en consideración la fundamentación de la misma, decidirá sobre la apertura de una averiguación y ordenará la elaboración de un informe técnico.
Artículo 38. La apertura de la averiguación podrá ser igualmente acordada de oficio por la respectiva Oficina Regional de Tierras, cuando exista presunción de que determinadas tierras se encuentran ociosas o incultas. En ese caso la Oficina ordenará la elaboración de un informe técnico.
Artículo 39.Dictado el auto de apertura de la averiguación, la respectiva Oficina Regional de Tierras podrá, en cualquier estado y grado del procedimiento, declarar la intervención preventiva de las tierras de que se trate, de conformidad con los parámetros a que se refiere el artículo 89 del presente Decreto Ley.
Artículo 40.Si del informe técnico se desprendieran elementos que hagan inferir que las tierras analizadas se encuentran ociosas o incultas, la respectiva Oficina Regional de Tierras dictará un auto de emplazamiento, el cual especificará con la mayor exactitud los linderos de las tierras objeto de la averiguación, identificará al denunciante si lo hubiere y, de ser posible, al propietario de las mismas y a cualquier otra persona que pudiera tener interés en el asunto.
En el mismo auto se ordenará publicar en la Gaceta Oficial Agraria, un cartel mediante el cual se notificará al propietario de las tierras, si se conociere, y a cualquier otro interesado, para que comparezcan y expongan las razones que les asistan en la defensa de sus derechos e intereses, dentro del plazo de ocho (8) días hábiles contados a partir de la fecha de la respectiva publicación.
Contra el auto que niegue la apertura de la averiguación o niegue la necesidad de emplazar a los interesados, podrá interponerse recurso para ante el Directorio del Instituto Nacional de Tierras, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la negativa.
Artículo 41. Si el emplazado pretende desvirtuar el carácter de ociosa o inculta de una tierra, deberá oponer las razones que le asistan cumpliendo los requerimientos del artículo 45 se presente Decreto Ley. En este caso, la Oficina Regional de Tierras remitirá las actuaciones del Directorio del Instituto Nacional de Tierras para que decida lo conducente.
En la decisión que dicte el Directorio del Instituto Nacional de Tierras se establecerá la declaratoria de las tierras como ociosas o incultas, o se otorgará el certificado de finca productiva, según corresponda.
En caso de que el emplazado convenga en reconocer el carácter de ociosa o inculta de las tierras y opte por solicitar la certificación de finca mejorable, deberá interponer su petición de conformidad con lo previsto en el artículo 52 siguiente del presente Decreto Ley. En este caso, la Oficina Regional de Tierras remitirá las actuaciones del Directorio del Instituto Nacional de Tierras para que decida, declarando las tierras como ociosas o incultas u otorgando el beneficio solicitado.
En caso de que el emplazado no comparezca, la Oficina Regional de Tierras procederá a la declaratoria de la tierra como ociosa o inculta y remitirá las actuaciones del Directorio del Instituto Nacional de Tierras.
Artículo 42. El Instituto Nacional de Tierras podrá proceder a la intervención de las tierras u ordenar la apertura de un procedimiento expropietario, según los casos, de conformidad con las disposiciones del presente Decreto Ley.
Artículo 43.El acto que declare las tierras como ociosas o incultas agota la vía administrativa. Deberá notificarse al propietario de las tierras y a los interesados que se hayan hecho parte en el procedimiento, mediante publicación en Gaceta Oficial Agraria, indicándose que contra el mismo podrá interponerse recurso contencioso administrativo de nulidad, dentro de un lapso de sesenta (60) días continuos por ante el Tribunal Superior Agrario competente por la ubicación del inmueble.

Derecho de permanencia

Existe un tercer principio que más que principio es un verdadero derecho, pero también está señalado como una de las garantías de la Ley y por esto también se le llama principio, cual es el derecho de permanencia que se establece en el favor de los agricultores sobre las tierras que estén cultivando, y que tiene su respaldo legal en el artículo 2, letra c, de la Ley de Reforma Agraria. Este es un derecho de naturaleza agro-económica y que se concede y se reconoce a aquellos agricultores que estén verdadera y efectivamente cultivando terrenos agrícolas. Pero la Ley condiciona el ejercicio de este derecho al cumplimiento de determinadas condiciones y al seguimiento de determinadas formalidades. En este sentido, el derecho de permanencia no es un derecho absoluto ni intangible y; por lo tanto, pudiera no ser reconocido y garantizado por parte del Estado cuando no se cumplan esas condiciones; e incluso habiéndose reconocido este derecho a través de los procedimientos de este caso, el Estado puede provocarlo o eliminarlo, si no se han continuado, cumpliendo eso términos procedimientos y condiciones. Pero, en todo caso, es un derecho especial agro-económico, cuyo reconocimiento exige que se sigan determinando procedimientos administrativos o juridiciales, y que se llenen los requisitos exigidos por la ley.
Garantía contra los Desalojos.

Otra de las manifestaciones del derecho de permanencia, son las garantías contra los desalojos que contempla la Ley. La primera de ellas, consagra dentro del régimen jurídico del contrato de arrendamiento, lo es el artículo 144 que prohíbe el desalojo de los arrendatarios cuando no hayan pagado el canon de arrendamiento debido a la pérdida de la mitad de su cosecha o de sus animales, por razones de causa mayor o de hechos fortuitos, tales como incendios, inundaciones, etc. En este caso, la falta de pago de la pensión de arrendamiento, si se dan estas circunstancias, no da lugar al desalojo consecuencial del arrendatario porque el artículo 144 de la ley lo prohíbe.

El Parágrafo Segundo del artículo 17 de la ley de Tierras y Desarrollo Agrario, establece que el juez debe abstenerse de practicar cualquier medida de desalojo, contra los sujetos que puedan ser beneficiarios de la garantía de permanencia, cuando en cualquier estado y grado del proceso judicial se presente el acto administrativo que dio inicio al procedimiento mientras se decide la procedencia o no del derecho de permanencia. Véase que esta operación era la misma que se perseguía con el certificado provisional de amparo otorgado por el Procurador Agrario y cuya naturaleza era precautelativa. La simple consignación de este certificado provisional de amparo agrario en el juicio de desalojo suspendía cualquier medida e incluso podría mostrarse como oposición y en efecto paralización de la ejecución.

En el proceso de desalojo, de conformidad con el numeral 4 del artículo 17 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario debe existir el agotamiento de la vía administrativa por ante el Instituto Nacional de Tierras cuando se pretenda desalojar a quienes ocupen tierras con fines de obtener una adjudicación. Esto en virtud de que el Poder Judicial no tiene Jurisdicción para conocer y decidir la demanda por derecho de permanencia.

En consecuencia la declaratoria del Derecho de permanencia sólo corresponde al Instituto Nacional de Tierras de conformidad con el artículo 119 ordinal 12 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario; y que lo contrario sería una flagrante violación al debido proceso constitucional, al violar la garantía de juez natural. Además de la norma transcrita se observa que ella no autoriza la suspensión del juicio sino, que le prohíbe al juez dictar cualquier medida de desalojo.

Desalojo indirecto

Para el entendimiento del desalojo indirecto debemos tener en cuenta la definición Amparo Agrario y desalojo directo.

El amparo agrario es la protección que, en término de la Ley de Reforma Agraria, debe el Estado, a través del Instituto Agrario Nacional, a los arrendatarios y ocupantes tolerados en fundo ajeno, frente al despojo directo e indirecto, que pretenda el arrendador o propietario, para que dicho desalojo se produzca sólo en caso de procedencias por Justa Causa.

Si se trata de una solicitud de desalojo directo, quien tiene la cualidad de arrendador o propietario, el Amparo Agrario es una excepción. En efecto, frente a la pretensión del arrendador o propietario de lograr el desalojo, el arrendatario u ocupante tolerado en fundo ajeno, tienen la excepción de Amparo Agrario. la solicitud de desalojo directo requiere la protección del Estado para éste determine si las condiciones de existencia de permanencia están presentes y concurren en su persona. Ese derecho de permanencia se traduce en este caso en una excepción de amparo.

La acción de desalojo directo y la excepción de amparo forman una unidad orgánica a los efectos de su decisión, por lo cual la actuación del ente jurisdiccional debe motivar la declaratoria con lugar de una y la falta de mérito de la otra, según sea el caso.

El desalojo directo que solicite el arrendador o propietario y la excepción del amparo es un juicio sumario (sumario cognitio), de términos breves y carentes de incidencias. Es un juicio, por otra parte, constante de dos instancias, la primera que se lleva a cabo en el Instituto Agrario Nacional, y la segunda ante el Ministerio de Agricultura y Cría.
Ahora bien, cuando se trata del Desalojo indirecto contemplado en el Artículo 149 de la Ley de Reforma Agraria, el amparo agrario se convierte en acción, y a través de ella el arrendatario u ocupante tolerado en fundo ajeno obtiene una resolución que ordena cesen las perturbaciones.

Pareciere ser que como se trata de un no dueño, un no dotario y un no poseedor legitimo y de buena fe (que están amparados por las acciones del derecho ordinario), el legislador quiso proteger la relación contractual expresa y onerosa, y la tácita y gratuita. La primera del mediador posesorio, con la cualidad especifica de ser arrendatario a término fijo; y la segunda con la conceptuación de ser un ocupante tolerado en fundo ajeno, que equivale a un comodatario gratuito que se encuentra en fundo que es ajeno y que sabe es ajeno.

Se le da función jurisdiccional al Instituto Agrario Nacional, sustrayendo a este sector de la sociedad del derecho a ser juzgados y sentenciados por sus jueces naturales. Esta circunstancia se viene repitiendo en Venezuela con cierta frecuencia, desbordado el principio fundamental en esta materia.

En cumplimiento de esta función jurisdiccional y de las condiciones que se le dan existencia, quien pretenda un desalojo de un inmueble ubicado en zona rural y dedicado a la actividad agrícola, deberá realizar la solicitud de desalojo correspondiente ante el Instituto Agrario Nacional, o ante cualquiera de sus Delegaciones, correspondiendo a éste determinar la procedencia por justa causa de la solicitud de desalojo.
Es nuestro criterio que cuando se trata de la Acción de Amparo por desalojo indirecto y por tratarse de hechos perturbadores que tratan de presionar económica, física y moralmente al Arrendatario u ocupante tolerado en fundo ajeno, la resolución debe ser la de ordenar cesar los derechos perturbatorios. No aparece norma sancionadora, ni capacidad coercitiva para el cumplimiento de esta resolución, de tal forma que hasta tanto se dicten las normas complementarias, la Resolución debe permitir al beneficiado por el Amparo, obtener el derecho de acudir a la vía ordinaria.
Procedimiento para desalojo

En la Ley de reforma agraria, artículo 148 se expresa lo siguiente: “Toda persona que durante la vigencia de esta Ley esté explotado, en virtud de un Contrato de Arrendamiento a término fijo o por tiempo indeterminado, predios rústicos dedicados a la explotación agrícola, pecuaria o mixta, queda amparada por la presente Ley, no pudiendo ser desalojado sino con la autorización del Instituto Agrario Nacional, quien decidirá si acuerda la autorización solicitada o si procede la dotación de tierra conforme a esta Ley.
Quedan igualmente amparados contra los desalojos, los pequeños y medianos productores, ocupantes de terrenos ajenos durante más de un año, si mantienen un rebaño de ganado de cría como principal actividad económica, o si poseen cultivos, siempre que en uno y otro caso realicen un trabajo efectivo.

A los efectos de la autorización prevista en este Artículo, y sin perjuicio de la facultad conferida al Instituto Agrario Nacional para proceder a la dotación de tierra, se establece el siguiente procedimiento:

El interesado dirigirá al Presidente del Instituto Agrario Nacional o a su Delegación en la respectiva jurisdicción, según el caso, una solicitud razonada, acompañando las pruebas que considere convenientes. Recibida la solicitud, se abrirá un lapso de veinte días hábiles consecutivos, durante el cual el funcionario, además de notificar a la contra parte para que ésta exponga si a bien lo tuviere sus razones y alegatos contra la solicitud, practique todas las diligencias que considere necesarias para el cabal conocimiento y resolución del caso planteado, inclusive las medidas que conforme a la equidad hagan posible el avenimiento entre las partes. Vencido el lapso señalado, dentro de los tres días laborables siguientes, el funcionario dictará su decisión, la cual será apelable dentro de los tres días laborables siguientes por ante el Ministerio de Agricultura y Cría.

Recibidas las actuaciones por el Ministerio, éste decidirá dentro de los quince (15) días laborables siguientes, pudiendo dictar ante cualquier providencia para lograr otros elementos de juicio que considere convenientes”.
Causas.

  1. a) Cuando se niega la autorización de prenda agraria requerida por los organismos crediticios para otorgar créditos a los arrendatarios u ocupantes tolerados en fondo ajeno.
  2. b) Cuando se impide el normal aprovechamiento de las aguas que requieren el arrendatario u ocupante tolerado en fundo ajeno para sus necesidades y las de sus animales.
  • c) Cuando se reduce o se permite la reducción del área arrendada u ocupada.
  • d) Cuando el arrendador deja abierto potreros y cercas de forma que su ganado invada y cause daño en el predio arrendado u ocupado.
  • e) Cuando se le cierra el paso al arrendatario u ocupante a los caminos vecinales.
  • f) Cuando se le imponen obligaciones leoninas como de sembrar semillas gratuitas para el arrendador por el pago de un precio muy inferior al normal.
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