Principios de la ley penal, tipos de delito, extradicion y atenuantes.

Validez temporal de la ley penal

Se aplica a todos los delitos ejecutados desde la fecha en que entran en vigor y no a los realizados con anterioridad, por lo que por lo general se aplica sólo a los casos presentes y por venir hasta que pierda su vigencia.

LA IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY, COMO PRINCIPIO BÁSICO

En Derecho penal rige el principio de irretroactividad,2 que busca proteger a los ciudadanos de que se les pueda sancionar a posteriori por un acto que cuando fue realizado no estaba prohibido.3 4

Dicha irretroactividad, sin embargo, no es absoluta, ya que sólo afecta a aquellas normas que perjudiquen al imputado, acusado o condenado, pero no a aquellas que le beneficien.5 6 Por lo tanto, si un delito es derogado por una ley posterior, o recibe una pena menor, se puede y se debe aplicar la normativa que le sea más beneficiosa. Otra excepción al principio de irretroactividad ocurre cuando, durante el proceso se dicta una ley más gravosa para el imputado en cuyo caso la ley derogada mantiene su vigencia por ser más benigna. A esto último se lo denomina ultractividad de la ley penal.

Vigencia

Las normas penales tienen un período de vigencia desde que entran en vigor hasta su derogación. La norma penal despliega sus efectos desde su entrada en vigor y durará hasta la derogación expresa o tácita (indirecta) de la norma penal. La ley penal esta en vigencia desde que es obligatoria, hasta su derogación, esta entra en vigencia desde el día siguiente a su publicación en el diario oficial. La excepción a este principio se presenta en los casos en que la propia ley establezca una disposición diferente, donde se posterga su vigencia en todo o en parte. Durante este periodo la ley penal, como también cualquier otra ley, no puede ser aplicada,e stado en vigencia la ley que e antecede

Derogación

De acuerdo a nuestra legislación una ley solo puede ser derogada mediante otra ley y por declaración expresa de incompatibilidad entre la nueva ley y la anterior, no pueden ser derogadas por disposiciones de menor jerarquía como (Decreto Supremo, Resolución Suprema, etc.).Por la derogación de una ley no recobran vigencia las que ella hubiere derogado.

Validez espacial de la ley penal

Aquí nos referimos a la ley penal en el espacio. Debemos saber que no existe el Derecho Penal Internacional, del que hablan algunos expositores, puesto que existen actos delictivos en unos países que para otros no lo son, como el adulterio. Otros actos si tienen características delictivas en todos los países, tal como lo es el homicidio, pero en estos casos se manifiesta la diversidad en lo atinente en la sanción penal aplicable. Para algunos países se sanciona ese delito con la pena capital como lo es la muerte, mediante diversos procedimientos. En otro caso como el nuestro no puede aplicarse esta pena, puesto que es una contraria a la garantía constitucional de la inviolabilidad de la vida. No existen tampoco tribunales penales internacionales. Por eso, se dice que no existe Derecho Internacional propiamente, y que lo que se tiene por tal no es más que un conjunto de normas jurídicas que regulan la aplicación de la ley penal en el espacio, así co moel auxilio o la colaboración que deben prestarse entre sí los Estados para asegurar, en la medida de lo posible, el imperio universal de la justicia punitiva.
Como no existe ese Derecho Penal uniforme que se aplique en todos los países, sigue en vigencia, en cuanto a la aplicación espacial de la ley penal, los principios que regulan esa aplicación espacial. Tales principios son:

El Principio Fundamental de la Territorialidad de la Ley Penal

La ley penal de cada Estado se aplica a los agentes de los delitos perpetrados dentro del territorio de cada Estado, cualquiera sea la nacionalidad de aquellos y la victima respectiva. Si referimos esta formulación a Venezuela, obtendríamos el siguiente resultado: la ley penal venezolana se aplica a los autores de los delitos cometidos dentro del territorio nacional, cualesquiera sean la nacionalidad del delincuente y la del agraviado en cada caso.

El principio de la territorialidad es el fundamental, el básico, en orden a la aplicación espacial de la ley penal, pero no es exclusivo, porque si así fuera habría consecuencias indeseables, injustas, que serían la impunidad de muchos delitos y muchos delincuentes. Si se aplicara exclusivamente, los Estados deberían castigar solamente a las personas que han cometido un delito exclusivo dentro de su territorio. Por eso está contemplado con los principios restantes que ya enunciaremos.

Principio de la Nacionalidad o de la Personalidad
La ley penal de cada estado se aplica a los delitos cometidos por los nacionales de ese Estado, cualesquiera sean la nacionalidad de la víctima y el lugar de la perpetración del delito. Ya no interesa el territorio, sino la nacionalidad de quien lo cometió. Tampoco este principio se consagra de modo exclusivo sino como complementario del de la territorialidad, ya que, si se consagra de manera exclusiva y excluyente, es decir, si se castigara solo a los nacionales, que han cometido los delitos, traería una consecuencia injusta, pues quedarían impune los delitos cometidos por extranjeros en el territorio nacional. Por esta razón, este principio de la nacionalidad no se consagra en forma exclusiva.

Los fundamentos de este principio son: se apoya en la relación de fidelidad que vincula al nacional de un Estado con el país, aun cuando este se encuentre fuera.
Las condiciones de aplicación de este principio de la nacionalidad son dos: en primer lugar, quien cometió el delito debe estar en el territorio nacional y es menester que el nacional que va a ser juzgado en su país, no haya sido juzgado y castigado en el país en el cual lo ha cometido, pues así ha ocurrido, se violaría abiertamente el aforismo “non bis in iden” , que garantiza que nadie puede ser castigado dos veces por el mismo delito. Es decir, que si Juan ha sido condenado en Colombia, no podrá ser condenado en Venezuela, en virtud del mencionado principio, pero, si ha sido juzgado en otro país y ha evadido la pena, entonces si podrá ser juzgado nuevamente.

Principio de la Defensa real o de Protección

Este principio se formula así: “ La ley penal se aplica a los delitos cometidos contra los intereses fundamentales del Estado, así como a los delitos perpetrados contra los nacionales de ese Estado, cualesquiera sean la nacionalidad del delincuente y el lugar de perpetración de aquel”. Aquí lo que interesa es la nacionalidad de la víctima, la nacionalidad de la víctima, la nacionalidad del sujeto pasivo del delito, que debe ser el propio país o algunos de sus nacionales.
Las condiciones para aplicar este principio son: es menester que el delincuente se encuentre en el territorio del país que lo ha de juzgar y que no haya sido juzgado en otro sitio, pues se violaría el principio ya enunciado, según en el cual nadie puede ser castigado dos veces por el mismo delito, con un nuevo castigo.

Principio de la administración de la justicia mundial o Principio Cosmopolita

De manera absoluta es de aplicación utópica, por lo que no puede ser aplicado de manera exclusiva. Señala este principio que la ley penal se debe aplicar a todos los actos previstos en ella como delictivos, sin que importe cuales sean a ese efecto la nacionalidad del delincuente y la de la víctima y el lugar de la perpetración del delito. De esta manera absoluta, este principio de la administración de justicia mundial es prácticamente inaplicable, por las diferencias legislativas, por la diferencia de las leyes penales, porque hay actos que son delictivos en algunos países y no lo son en otro, y sería injusto castigar a quien ha cometido un delito en un país donde no es castigado.
Los fundamentos de este principio: es la presencia de un delincuente en el territorio de un país determinado causaría escándalo, si ese delincuente ha cometido alguno de tales delitos contra la humanidad, y queda impune. Es lógico, pues, que el país que lo aprehenda lo juzgue y lo castigo conforme a su propia ley penal. En segundo lugar hay que tener en cuenta que esos delitos contra la humanidad ofenden no solo al país en el que se cometan, sino también a todos los países del mundo. Ordinariamente, esos delitos se perpetran en varios países a la vez, por bandas internacionales. Las condiciones de aplicación de este principio son las mismas indicadas anteriormente: que el indiciado o los indiciados se encuentren en el país que los ha de juzgar y que no hayan sido juzgados en otro país.

Extradición

La extradición es el procedimiento jurídico (penal-administrativo) por el cual una persona acusada o condenada por un delito conforme a la ley de un Estado es detenida en otro Estado y devuelta al primero para ser enjuiciada o para que cumpla la pena ya impuesta.

Si bien existe una cooperación internacional muy activa para la represión de los delitos, continúa existiendo la regla de que un Estado está obligado a conceder la extradición de un delincuente extranjero, solamente si existe tratado internacional con el Estado requirente o Convención Internacional sobre ex tradición, de la que ambos estados sean firmantes. Cuando no hay tratado o convención internacional, el Estado requerido está facultado para acordar la ex tradición, pero no está obligado a concederla. Sin embargo la obligación señalada no es absoluta pues siempre el estado requerido conserva la facultad soberana de no conceder la ex-tradición si de acuerdo a su legislación interna no se cumplen los requisitos establecidos para tal efecto.

Clasificación

Activa: Acto de petición del país requirente al país donde se encuentra el individuo.

Pasiva: Es la que recae en el Estado captor o poseedor de la persona requerida.

La extradición de los nacionales

La extradición, en la mayor parte de los tratados en vigor experimenta ciertas limitaciones, Una de ellas y tal vez la de mayor relevancia, es la de la nacionalidad de la persona requerida.

Por regla general, la mayoría de los Estados niegan la extradición de sus propios nacionales, Solamente hay siete estados que se han mostrado dispuestos a acordar la extradición de sus propios nacionales, a saber: México, Reino Unido, Estados Unidos, Argentina, República Dominicana, Uruguay y Colombia. Los demás niegan la extradición de sus nacionales e incluso tienen disposiciones constitucionales por las que se prohíbe.

En cuanto al derecho internacional se establece la obligación de extraditar; pero cuando se trata de nacionales del Estado requerido la entrega se torna facultativa, queda a juicio del Estado, pero con la obligación subsidiaria, que en el caso que no se entregue, se enjuicie al nacional delincuente y comunicar el fallo al Estado requirente.

El procedimiento de extradición en Venezuela.

En Venezuela, la extradición está regulada como un procedimiento especial en el Título VII del Código Orgánico Procesal Penal (C.O.P.P.), denominado “Del Proceso de Extradición”.

El artículo 391 con el cual se inicia este título, establece que las fuentes que rigen dicho procedimiento están constituidas por “las normas de este Título, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República”.

En cuanto a los requisitos de la extradición, es importante señalar que en toda solicitud de esa naturaleza debe constar la copia certificada del auto de detención o decisión equivalente, para el caso de procesados; o copia de la sentencia condenatoria definitivamente firme dictada por la autoridad judicial competente del Estado requirente, si se trata de condenados; además de la copia de las disposiciones legales que tipifiquen el hecho delictivo y establezcan la sanción aplicable; así como un resumen de los hechos y los datos filiatorios que permitan la identificación personal del solicitado y su nacionalidad. Todos estos documentos deben estar traducidos al idioma del país requerido.

Una vez examinados los requisitos de forma y de fondo, y practicada la detención preventiva del solicitado, quedará a potestad del Estado requerido conceder o negar la extradición, decisión que deberá ser motivada por el órgano competente, que en el caso venezolano es el Tribunal Supremo de Justicia.

El artículo 392 de nuestra ley adjetiva, dedicado a la Extradición Activa, establece que cuando se tuvieren noticias de que un imputado respecto del cual el Ministerio Público haya presentado acusación y el Juez de Control haya dictado una medida cautelar de privación de libertad se encuentre en país extranjero, el Juez de Control se dirigirá a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de solicitar se tramite su extradición.

Para ello remitirá al Máximo Tribunal copia de las actuaciones que fundamentan su petición. Asimismo, establece que en caso de fuga de quien esté cumpliendo condena, el trámite ante el Tribunal Supremo de Justicia le corresponderá al Juez de Ejecución.

En ambos casos, el Tribunal Supremo de Justicia, tendrá un plazo de 30 días, contados a partir del recibo de la documentación, para decidir si es procedente o no solicitar la extradición, previa opinión del Ministerio Público, atribución que tiene su fundamento en el numeral 16 del artículo 108 del C.O.P.P. en concordancia con el numeral 13 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, y para la cual el Tribunal Supremo de Justicia hará la notificación correspondiente, a fin de que el Ministerio Público efectúe el debido pronunciamiento.

En caso de ser procedente la extradición, corresponderá al Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Relaciones Exteriores, tramitar la solicitud de extradición ante las autoridades del país extranjero donde se encuentre el solicitado, en un plazo máximo de sesenta días, y a tal efecto realizará las certificaciones y traducciones que sean necesarias, como lo establece el Artículo 393 del C.O.P.P.

El Ejecutivo Nacional podrá solicitar al país requerido la detención preventiva del solicitado así como la retención de los objetos concernientes al delito, según lo estipulado en el Artículo 394 del C.O.P.P. En este caso, la solicitud de extradición deberá formalizarse dentro del lapso previsto en los tratados internacionales o normas de derecho internacional aplicables.

Respecto a la Extradición Pasiva, el artículo 395 del C.O.P.P., establece que cuando un gobierno extranjero solicita la extradición de quien se encuentre en territorio venezolano, el Poder Ejecutivo remitirá la solicitud al Tribunal Supremo de Justicia con la documentación recibida. Por tanto, la Misión Diplomática del Estado requirente acreditada ante el gobierno nacional remitirá la solicitud al Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual a su vez la envía al Ministerio del Interior y Justicia. Si el solicitado se encuentra en el país, el Ministerio Público solicitará al juez de control la detención preventiva con fines de extradición. Si el tribunal la ordena, remitirá los recaudos al Tribunal Supremo de Justicia para que éste decida sobre la procedencia de la extradición.

En caso de que la mencionada solicitud se presente sin la documentación necesaria, pero con el ofrecimiento de producirla posteriormente, y con la petición de que mientras se produce se aprehenda al imputado, el Tribunal de Control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar, según la gravedad y la urgencia del caso, la medida cautelar contra el imputado, señalando un término perentorio para la presentación de los referidos documentos, el cual no podrá ser mayor de sesenta (60) días continuos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 396 del C.O.P.P.

El artículo 397 del C.O.P.P. contempla que, vencido el lapso de 60 días, si no se produjo la documentación ofrecida, el Tribunal Supremo de Justicia ordenará la libertad del aprehendido, sin perjuicio de volver a acordar nuevamente la privación de libertad, si posteriormente se recibe dicha documentación.

El artículo 398 del C.O.P.P. establece la facultad de los gobiernos extranjeros de designar un abogado para la defensa de sus intereses en el procedimiento especial de extradición.

Finalmente, según el artículo 399 del C.O.P.P., el Tribunal Supremo de Justicia, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación del solicitado, convocará a una Audiencia Oral a la que concurrirán el Representante del Ministerio Público, el imputado, su defensor y el representante nombrado por el gobierno requirente para defender sus intereses, quienes expondrán sus alegatos.

Concluida la Audiencia, el Tribunal Supremo de Justicia decidirá en un plazo de quince (15) días.

Hecho punible

Hecho punible es el que está tipificado por la ley como un delito, un crimen, una falta o una contravención y tiene fijada una pena para quien incurra en ellos.

El hecho punible, acción sancionada por el Derecho con una pena, también es denominado conducta delictiva, hecho penal o acción punible. El hecho punible se identifica con el delito penal que según Carrara implica una contradicción entre un hecho humano, positivo o negativo, y una ley que lo condena. Este hecho debe provocar un daño y ser imputable moralmente. La ley que los castiga tiene por objeto proteger la seguridad pública.
Clasificación

En Venezuela se acoge la visión bipartita según lo establecido en el artículo 1 del Código Penal que establece que los hechos punibles se clasifican en delitos y faltas.

Falta

Una falta o contravención, en Derecho penal, es una conducta antijurídica que pone en peligro algún bien jurídico protegible, pero que es considerado de menor gravedad y que, por tanto, no es tipificada como delito.

Las faltas cumplen con todos los mismos requisitos que un delito (tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad). La única diferencia es que la propia ley decide tipificarla como falta, en lugar de hacerlo como delito, atendiendo a su menor gravedad.

Dado que, por definición, la gravedad de una falta es menor a la de un delito, las penas que se imponen por las mismas suelen ser menos graves que las de los delitos, y se intenta evitar las penas privativas de libertad en favor de otras, como las penas pecuniarias o las de privaciones de derechos.

Delito

El delito es definido como una acción típica, anti jurídica, imputable, culpable, sometida a una sanción penal y a veces a condiciones objetivas de punibilidad. Supone una conducta infraccional del Derecho penal, es decir, una acción u omisión tipificada y penada por la ley.

En sentido legal, los códigos penales y la doctrina definen al “delito” como toda aquella conducta (acción u omisión) contraria al ordenamiento jurídico del país donde se produce. La doctrina siempre ha reprochado al legislador debe siempre abstenerse de introducir definiciones en los códigos, pues es trabajo de la dogmática.1 No obstante, algunos códigos como el Código Penal de España (art. 10) definen al delito, pese a lo dicho.

La palabra delito deriva del verbo latino delinquere, que significa abandonar, apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por la ley. La definición de delito ha diferido y difiere todavía hoy entre escuelas criminológicas. Alguna vez, especialmente en la tradición, se intentó establecer a través del concepto de Derecho natural, creando por tanto el delito natural. Hoy esa acepción se ha dejado de lado, y se acepta más una reducción a ciertos tipos de comportamiento que una sociedad, en un determinado momento, decide punir. Así se pretende liberar de paradojas y diferencias culturales que dificultan una definición universal.

                                               Clasificación de los delitos

Por las formas de la culpabilidad

  • Doloso: el autor ha querido la realización del hecho típico. Hay coincidencia entre lo que el autor hizo y lo que deseaba.
  • Culposo o imprudente: el autor no ha querido la realización del hecho típico. El resultado no es producto de su voluntad, sino del incumplimiento del deber de cuidado.

Por la forma de la acción

  • Por comisión: surgen de la acción del autor. Cuando la norma prohíbe realizar una determinada conducta y el actor la realiza.
  • Por omisión: son abstenciones, se fundamentan en normas que ordenan hacer algo. El delito se considera realizado en el momento en que debió realizarse la acción omitida.
  • Por omisión propia: están establecidos en el CP. Los puede realizar cualquier persona, basta con omitir la conducta a la que la norma obliga.
  • Por omisión impropia: no están establecidos en el CP. Es posible mediante una omisión, consumar un delito de comisión (delitos de comisión por omisión), como consecuencia el autor será reprimido por la realización del tipo legal basado en la prohibición de realizar una acción positiva. No cualquiera puede cometer un delito de omisión impropia, es necesario que quien se abstiene tenga el deber de evitar el resultado (deber de garante). Por ejemplo: La madre que no alimenta al bebe, y en consecuencia muere. Es un delito de comisión por omisión.

Por la calidad del sujeto activo

  • Comunes:: pueden ser realizados por cualquiera. No mencionan una calificación especial de autor, se refieren a él en forma genérica (el que).
  • Especiales:: solamente pueden ser cometidos por un número limitado de personas: aquellos que tengan las características especiales requeridas por la ley para ser su autor. Estos delitos no sólo establecen la prohibición de una acción, sino que requieren además una determinada calificación del autor. Son delitos especiales propios cuando hacen referencia al carácter del sujeto. Como por ejemplo el prevaricato, que sólo puede cometerlo quien es funcionario público. Son delitos especiales impropios aquellos en los que la calificación específica del autor opera como fundamento de agravación o atenuación. Verbigracia la agravación del homicidio cometido por el ascendiente, descendiente o cónyuge (art. 80, inc.1 del Código Penal argentino).

Por la forma procesal

  • De acción pública: son aquellos que para su persecución no requieren de denuncia previa.
  • Dependientes de instancia privada: son aquellos que no pueden ser perseguidos de oficio y requieren de una denuncia inicial.
  • De instancia privada: son aquellos que además de la denuncia, el denunciante debe proseguir dando impulso procesal como querellante.

Por el resultado

  • Materiales: exigen la producción de determinado resultado. Están integrados por la acción, la imputación objetiva y el resultado.
  • Formales: son aquellos en los que la realización del tipo coincide con el último acto de la acción y por tanto no se produce un resultado separable de ella. El tipo se agota en la realización de una acción, y la cuestión de la imputación objetiva es totalmente ajena a estos tipos penales, dado que no vinculan la acción con un resultado. En estos delitos no se presenta problema alguno de causalidad.

Por el daño que causan

  • De lesión: hay un daño apreciable del bien jurídico. Se relaciona con los delitos de resultado.
  • De peligro: no se requiere que la acción haya ocasionado un daño sobre un objeto, sino que es suficiente con que el objeto jurídicamente protegido haya sido puesto en peligro de sufrir la lesión que se quiere evitar. El peligro puede ser concreto cuando debe darse realmente la posibilidad de la lesión, o abstracto cuando el tipo penal se reduce simplemente a describir una forma de comportamiento que representa un peligro, sin necesidad de que ese peligro se haya verificado. (Cuando la acción crea un riesgo determinado por la ley y objetivamente desaprobado, indistintamente de que el riesgo o peligro afecte o no el objeto que el bien jurídico protege de manera concreta)

DELITOS COMUNES, POLITICOS, SOCIALES Y MILITARES.
1.-Los delitos comunes son aquellos que lesionan u ofenden bienes jurídicos individuales.

  • -Los delitos políticos puros son los cometidos contra el orden político establecidos en el estado. Ej. Una rebelión.
    3.-Los delitos sociales son los cometidos contra el régimen económico-social establecido en una colectividad organizada. Ej. El terrorismo.
    4.-Los delitos militares son aquellos que están constituidos por infracciones del orden, disciplina o deberes militares. Están tipificados en el Código de Justicia militar y no en el C.O.P.P.

DELITOS DE ACCION Y OMISIÒN.
Los delitos de acción se cometen haciendo algo que está prohibido en forma implícita en la Ley Penal.
Los delitos de omisión se consuman cuando el resultado antijurídico ocurre como consecuencia de una abstención del sujeto activo, es decir, cuando éste deja de hacer algo que está previsto en la ley penal.

DELITOS SIMPLES, COMPLEJOS Y CONEXOS
Delitos simples son aquellos que ofenden un solo bien jurídico. Ej. El homicidio.
Delitos complejos son los que atacan varios bienes jurídicos. Ej. Violación de una mujer honesta.
Delitos conexos son los que están íntimamente vinculados, que son los unos consecuencia de los otros. Ej. Quién mata al testigo de un robo.

DELITOS INSTANTÀNEOS Y PERMANENTES

Delitos instantáneos son aquellos en los que la acción termina en el mismo instante en que el delito respectivo queda consumado. Ej. Homicidio.
Delitos permanentes son aquellos en que el proceso ejecutivo perdura en el tiempo, es decir, implican una persistencia de la acción delictiva a voluntad del sujeto activo. Ej. El secuestro.

 

DELITOS DOLOSOS O INTENCIONALES, CULPOSOS Y PRETERINTENCIONALES.
Delitos dolosos o intencionales son aquellos en los cuales el resultado antijurídico coincide con la intención delictiva del agente, como ocurre en el homicidio doloso.
Delitos culposos son aquellos en los cuales el agente no se propone cometer delito alguno, sino que el acto delictuoso ocurre a causa de la imprudencia, negligencia o impericia en su profesión, arte u oficio, por parte del agente o porque este deje de observar los reglamentos, órdenes o instrucciones. Delitos preterintencionales o ultraintencionales son aquellos en los cuales el resultado jurídico excede de la intención delictiva del agente. Ej. A, solo quiere lesionar a B, pero el golpe que le propina le produce la muerte.

OTRAS CLASIFICACIONES SEGÙN EL C.P. VENEZOLANO.
Delitos formales y materiales.

Delitos de daños y Delitos de peligro.
Delitos comunes y Delitos especiales
Delitos flagrantes y Delitos no flagrantes.
Delitos individuales y Delitos colectivos.
Delitos de sujeto activo indiferente y de sujeto activo calificado.
Delitos principales y delitos accesorios.
Delitos tipos y Delitos circunstanciales.
Delitos de fraude y delitos de violencia.
Delitos de sujeto pasivo indiferente y de sujeto pasivo calificado.

CAUSAS GENERALES DE ATENUACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL

Atenuantes

Las leyes penales señalan algunas causas que disminuyen la responsabilidad criminal, pero no la anulan totalmente: la embriaguez no habitual, la de ser el culpable menor de dieciocho años, la de no haber tenido el delincuente intención de causar un mal de tanta gravedad como el que produjo, la de obrar por estímulos o motivos morales altruistas o patrióticos de notoria importancia, etc. Son también circunstancias atenuantes, la reparación en lo posible -a impulsos de arrepentimiento espontáneo- de los efectos o consecuencias del delito, dar satisfacción al ofendido o bien confesar a las autoridades la infracción.

CONCEPTO DE LAS CAUSAS GENERALES DE ATENUACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL: Son aquellas que, en alguna medida, dan lugar a la reducción de la pena normalmente aplicable.

Clasificación de las atenuantes

1.- Eximentes legales Incompletas:

En el sistema penal venezolano vigente, de acuerdo al Código, son las siguientes:

a.- La enfermedad mental insuficiente, prevista en el artículo 63 del Código Penal venezolano vigente; por ello, cuando una persona semi-enferma mental, semi-enajenada, realiza un delito, se le aplica la sanción penal reducida, en comparación a la que se le aplicaría a una persona normal por la comisión del mismo delito.

b.-Ciertos casos de perturbación mental derivada de la embriaguez, consagrados en las reglas 3ra y 5ta del artículo 64 del Código Penal venezolano vigente.

c.- El exceso en las causas de justificación, consagrado en el artículo 66 del Código Penal venezolano vigente. Y hay exceso en las causas de justificación cuando, existiendo la legitimidad inicial de la acción sin embargo, el agente sobrepasa los límites establecidos en la Ley Penal.

2.- Excusas Legales Atenuantes:

Además de las eximentes legales incompletas, hallamos una excusa legal atenuante, consagrada en el artículo 67 del Código Penal venezo­lano vigente, la cual se verá ampliamente en el tema 25. Por los momen­tos, sólo interesa establecer la diferencia que existe entre esta excusa legal atenuante y las circunstancias atenuantes consagradas en el artícu­lo 74 del Código Penal venezolano vigente: en la excusa legal atenuante se establece el quantum de la disminución de la pena aplicable al caso concreto de una manera específica y determinada; por ejemplo, el ar­tículo 67 del Código Penal dice textualmente: “El que cometa el hecho punible en un momento de arrebato o de intenso dolor, determinado por injusta provocación, será castigado, salvo disposición especial, con la pena correspondiente disminuida desde un tercio hasta la mitad, se­gún la gravedad de la provocación”. Vemos, pues, que cuando el Códi­go dice que será castigado con la pena correspondiente disminuida desde un tercio hasta la mitad, está estableciendo la disminución de la pena de una manera precisa y clara.

En cambio, en las circunstancias atenuantes, consagradas en el artículo 74 del Código Penal, no se establece el quantum, la rebaja espe­cial y específica de la pena, sino que se establece el efecto que produce la existencia de una o más circunstancias atenuantes. Es decir, que se trata de circunstancias atenuantes especificadas, determinadas, defini­das, etc., consagradas en los ordinales 1ro, 2do y 3ro del artículo 74 del Código Penal venezolano vigente, o se trate de circunstancias atenuan­tes indeterminadas, indefinidas, etc., de las consagradas en el ordinal 4to del mismo artículo 74, sean cuales fueran, determinan la aplicación de la pena al caso concreto entre el término medio y el límite mínimo. Esa es la diferencia.

3.- Circunstancias Atenuantes especificadas o determinadas:

Se encuentran consagradas en los ordinales 1ro, 2do y 3ro del artículo 74 del Código Penal venezolano vigente. En el ordinal 1ro se es­tablece lo siguiente: “Ser el reo menor de veintiún años y mayor de dieciocho cuando cometió el delito”. Hemos dicho que si, para la época de la realización del acto, el agente no ha alcanzado la edad de dieciocho años es penalmente inimputable.

En el ordinal 2do se establece: “No haber tenido el culpable la in­tención de causar un mal de tanta gravedad como el que produjo”; caso típico de esta atenuante es el delito preterintencional, en el cual el agen­te produce un daño mayor del que tenía intención de realizar.

Y en el ordinal 3ro finalmente, se consagra la última atenuante especificada o determinada, cuando establece: “Haber precedido inju­ria o amenaza de parte del ofendido (la persona que a la postre resulta muerta o lesionada), cuando no sea de tal gravedad que dé lugar a la aplicación del artículo 67”.

Corresponde al Juez competente determinar, apreciando todas las circunstancias involucradas en el caso concreto, la gravedad de la inju­ria o amenaza, para entonces decidir si aplica en favor del sujeto activo o agente la excusa legal atenuante prevista en el artículo 67 o, solamen­te, la circunstancia atenuante especificada consagrada en el ordinal 3ro del artículo 74 del Código Penal venezolano vigente.

 

 

4.- Circunstancias Atenuantes Indefinidas o Indeterminadas:

Están consagradas en el ordinal 4to del artículo 74 del Código Penal venezolano vigente, y se denominan indefinidas o indeterminadas porque no las enumera formalmente el Código Penal venezolano vigente, sino que da una fórmula amplia al Juez, para que determine cuáles otras circunstancias deben ser consideradas también como atenuantes.

Estas son:

1.- La buena conducta predelictual del reo. (es decir, la buena conducta anterior a la perpetración del delito.

2.- La condición Femenina. (ya que la menopausia, el periodo menstrual y la gestación, causan alteraciones graves del psiquismo de la mujer, y pueden producir en ella la realización de un delito determinado.

3.- La falta de Educación y la falta de Instrucción.

4.- La pobreza, cuando no llegue a la miseria, porque si llega a la miseria no es una atenuante de la responsabilidad penal sino una eximente.

5.- Consentimiento del ofendido.

5.- Circunstancias Atenuantes Especiales: No están previstas en la parte general del Libro 1, sino en la parte especial del Libro Segundo, y sólo se refieren o aplican a uno o varios tipos legales. No se estudian, por tanto, en este curso, por cuanto el mis­mo sólo se refiere a la parte general, sino que se estudian en el curso que trata sobre la parte especial, a medida que se vayan estudiando los diver­sos tipos legales en donde rigen estas atenuantes especiales.

6.- Causas de Mitigación de Pena:

ENFERMEDAD MENTAL INSUFICIENTE: Ante todo, es de advertir que se trata de un tema eminentemente psi­quiátrico, aunque tenga relevancia jurídica. La psiquiatría moderna, como ya explicamos, ha puesto de manifiesto la existencia de una zona intermedia entre la perfecta salud mental y la enfermedad mental suficiente o enajena­ción; dentro de esta zona se encuentran aquellas personas que, sin estar definitivamente enfermas, ni estar completamente sanas, sufren de trastornos mentales. El Código Penal venezolano vigente, siguiendo la doctrina clásica, considera la semi-enfermedad mental como una causa de atenuación que da lugar a una disminución de la pena aplicable. El artículo 63 del Código Penal consagra la semi-enfermedad mental como una eximente de responsabilidad incompleta, que da lugar a la disminución o atenuación de la pena aplicable.
El Tratamiento Jurídico de la Embriaguez.

El Código Penal Venezolano, a diferencia de otros, contiene normas especiales sobre la responsabilidad penal del ebrio que no solamente carecen de precedentes en la legislación comparada sino que plantean difíciles problemas de interpretación.

Arteaga Sánchez sostiene la posibilidad, en los supuestos de embriaguez crónica, embriaguez aguda patológica, embriaguez aguda involuntaria y embriaguez aguda voluntaria accidental, de un pronunciamiento de inimputabilidad si es que concurre, claro está, alguno de los efectos alternativos previstos en el artículo 62.

Enseña Arteaga Sánchez que son inimputables los casos de ebriedad patológica o cuando estén presente las manifestaciones psicóticas graves que le son características (delirium tremens, alucinosis, etc.); además de la ebriedad fortuita que es cuando la perturbación mental ocasionada por la embriaguez no implica la actuación consciente y libre del sujeto ni en el momento de embriagarse ni en el momento del hecho.

Perturbación mental por embriaguez

Artículo 64.- Si el estado de perturbación mental del encausado en el momento del delito proviniere de embriaguez, se seguirán las reglas siguientes:

1.- Si se probare que, con el fin de facilitarse la perpetración del delito, o preparar una excusa, el acusado había hecho uso del licor, se aumentara la pena que debiera aplicársele de un quinto a un tercio, con tal que la totalidad no exceda del maximum fijado por la ley a este género de pena. Si la pena que debiere imponérsele fuere la de presidio, se mantendrá esta.

2.- Si resultare probado que el procesado sabia y era notorio entre sus relaciones que la

embriaguez le hacía provocador y pendenciero, se le aplicaran sin atenuación las penas que para el delito cometido establece este Código.

3.- Si no probada ninguna de las dos circunstancias de los dos números anteriores, resultare demostrada la perturbación mental por causa dela embriaguez, las penas se reducirán a los dos tercios, sustituyéndose la prisión al presidio.

4.- Si la embriaguez fuere habitual, la pena corporal que deba sufrirse podrá mandarse cumplir en un establecimiento especial de corrección.

5.- Si la embriaguez fuere enteramente casual o excepcional, que no tenga precedente, las penas en que haya incurrido el encausado se reducirán de la mitad a un cuarto, en su duración, sustituyéndose la pena de presidio con la de prisión

 
 

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