Obediencia al derecho, objecion de conciencia y desobediencia civil

  1. LA OBEDIENCIA AL DERECHO COMO OBLIGACIÓN JURÍDICA

Esta perspectiva es quizá la más decisiva en lo referente a  fundamentar la obligación de obedecer el Derecho, no en vano la exposición de este trabajo comienza con ese enfoque. Sin embargo, el enfoque jurídico es, de los tres posibles desde los que se puede analizar la obediencia al Derecho, el más olvidado por la doctrina. En este sentido MARTÍNEZ YÁNEZ[4] considera que la perspectiva jurídica en este campo también aporta respuestas interesantes que han de ser tenidas en cuenta para una adecuada resolución del problema.

Es absolutamente lógico pensar que el Derecho, que nace con la función primordial de satisfacer unos determinados objetivos, ha de articular también los medios necesarios para ser obedecido. El medio principal a través del cual el Derecho pretende ser obedecido es la obligación jurídica de obediencia. En este sentido parece claro que la obligación de obedecer el Derecho se presenta como una correspondencia lógica del propio existir del Derecho, pues, ciertamente, un Derecho que no exigiese obediencia es una contradicción lógica[5]. Después de esta argumentación parece claro que la viabilidad del Derecho y la realización de los objetivos que éste pretende, principalmente los que lleva implícito su función ordenadora, pasan por la existencia de una obligación jurídica a la obediencia al Derecho.

En la doctrina, sin embargo, encontramos posturas contrarias y enfrentadas a la expuesta anteriormente. En esta dirección encontramos fundamentalmente la postura de SINGER para el cual nuestra obligación fundamental de obedecer la ley es una obligación moral y no una obligación legal. No puede ser una obligación legal, porque esto nos llevaría de regreso al infinito: puesto que las obligaciones legales se derivan de leyes, tendría que haber una ley que dijese que debemos obedecer la ley. ¿Qué obligación habría, entonces, de obedecer esa ley? Si fuera una obligación legal, entonces tendría que haber otra ley…etc. Si hay alguna obligación de obedecer la ley, debe ser en última instancia una obligación moral[6].

Para E. FERNÁNDEZ las razones legales no sirven para explicar la obediencia al Derecho ya que desde el momento en que existe una norma jurídica el ciudadano está legalmente obligado a obedecerla; puede decirse que se da una identificación entre la norma jurídica y la obligación legal de obedecer[7]. Igualmente D.D. RAPHAEL afirma que ( ….) es una tautología afirmar que estamos legalmente obligados a obedecer la ley porque la ley es la que impone una obligación legal. Las razones para aceptar la obligación legal han de buscarse fuera del sistema de obligación legal[8]

 III. LA OBEDIENCIA AL DERECHO COMO OBLIGACIÓN POLÍTICA.

 La obligación política como obligación con sustantividad propia e independiente tanto de la obligación jurídica como de la obligación moral, ha sido uno de los aspectos más controvertidos en el ámbito de la filosofía político-jurídica de los últimos años[9]

La obligación política, según definición de UGARTEMENDIA ECEIZABARRENA,  es una obligación  que enlaza al individuo con la comunidad política en cuanto tal, vínculo que patentiza la existencia de una relación política de poder-sujeción, mando-obediencia, y que se configura como un doble y recíproco requerimiento, el del imperado, a obedecer a la autoridad de una comunidad política, y el de ésta a no mandar sino aquellos que puede ser obedecido[10]. Creo que tampoco ofrece ninguna duda que cualquier comunidad o grupo social que quiera perdurar en el tiempo y no destruirse a través de las luchas entre sus miembros ha de respetar el orden político establecido y las normas que emana de dicho poder, que si bien puede no ser el ideal siempre conlleva una situación más positiva, al menos más segura, que si faltase. 

Desarrollando esta idea, MARTÍNEZ YÁNEZ afirma que la obligación política se da en todas las sociedades ya que se trata de un rasgo constitutivo de la cultura y de la organización de cualquier comunidad política. Ello significa que el ciudadano tiene siempre obligación de acatar las normas que emanan del poder político, sea por el mantenimiento de las condiciones de orden, seguridad y certeza que la existencia del poder salvaguarda, sea porque a ellos se añade la legitimidad del aparato político conforme la idea de justicia dominante en la sociedad[11]. Esta autora también analiza el peligro que conlleva en esta obligación la postura que la conciencia individual tome acerca de la misma. Acepta que el hombre es un sujeto moral y que, como tal,  puede analizar a la luz de su conciencia cualquier acción  cuya realización le sea exigida como obligación política. Sin embargo, no acepta que la conciencia individual se encuentre siempre por encima de la obligación política, al contrario, cada sujeto ha de sopesar en cada circunstancia concreta si ha de prevalecer su conciencia o, si por el contrario, la obligación política se le presenta como un deber inexcusable a pesar de los dictados de la misma. En este sentido afirma que si la obligación política no se extendiese a las normas jurídicas que la conciencia individual considera injustas o indignas de obediencia entonces la noción de obligación política resultaría completamente superflua y los dictados de la conciencia serian los únicos que gozarían de autentica autoridad. Por consiguiente la obligación política encierra una exigencia de acatar las normas del ordenamiento, con independencia de la conducta que finalmente sea la adoptada por el ciudadano[12].

  1.  LA OBEDIENCIA AL DERECHO COMO OBLIGACIÓN MORAL

Es obvio que la cuestión de la obediencia al Derecho es estudiada mucho más  profusamente desde la perspectiva moral que desde las otras dos perspectivas ya analizadas. La generalidad de la doctrina considera que la verdadera obligación de obedecer el Derecho es de naturaleza moral, siendo, por tanto, la obligación moral la que ciertamente induce a acatar el Derecho. La gran mayoría de los estudiosos del tema sitúan la pregunta acerca de la obediencia al Derecho en el marco de la moralidad e, incluso, existen muchos tratadistas que al estudiarla desde el marco político, en realidad están haciendo referencia a una obligación moral. A pesar de esto, la doctrina no es unánime y encontramos también voces autorizadas que niegan la posibilidad de que la obediencia al Derecho pueda considerarse como una obligación moral

La obligación moral a obedecer el Derecho responde, para muchos, al deber que existe de obedecer un Derecho que se considera justo, porque garantiza la libertad y la igualdad o porque cuenta con el consenso de la población. Desde esta argumentación existiría obligación moral de obedecer al Derecho solamente cuando éste sea considerado como justo por las conciencias individuales y cuando garantice la igualdad y la libertad. En esta dirección E. FERNÁNDEZ considera que por Derecho justo hemos de entender aquel Derecho que satisface las exigencias mínimas de legitimidad de origen y de ejercicio y que, consecuentemente, existe una obligación moral de obedecer al Derecho cuando éste ha sido elaborado contractualmente y, además, reconoce, respeta y garantiza el ejercicio de los derechos humanos fundamentales[13]. Con todo, esta definición también encuentra detractores[14]

Siguiendo la argumentación sobre la obligación moral de obedecer el Derecho fundamentada en el contenido del mismo, encontramos un gran número de autores que consideran que existen razones morales para obedecer las disposiciones jurídicas. Entre ellos encontramos a ELIAS DÍAZ, MANUEL ATIENZA, EUSEBIO FERNÁNDEZ Y J. RAWLS[15].

  1. RAWLS[16] entiende que existe una obligación moral de obedecer las leyes justas. Para este autor es innegable que tenemos una obligación moral de obedecer al Derecho cuando éste responde al sentido de justicia que posee la sociedad en cuyo seno se aplican tales normas, lo que denomina common sense of justice o sense of justice of the majority. Por su parte E. DÍAZ, M. ATIENZA y E. FERNÁNDEZ desarrollaron su postura como argumento para rebatir la tesis

Porque se debe obedecer a el Derecho?

Una respuesta frecuente a esta cuestión es afirmar que los hombres deben obedecer al Derecho positivo en la medida en que se adapta a los principios morales y por adaptarse a ellos. Los principios morales que se refieren a las actividades humanas de elaborar la ley y aplicarla constituyen el ideal de Justicia; desde esta perspectiva, la razón que explica que el Derecho sea válido es que es justo. Pero ¿cómo averiguar cuáles son estos principios morales? Es bastante típico responder que son inmanentes a la naturaleza y que explorándola, podemos encontrar estos principios, que forman el Derecho natural y son superiores al Derecho positivo. 

Estas opiniones anteriores constituyen la doctrina del Derecho natural, que entiende que la naturaleza es la autoridad que elabora la ley. Según esta doctrina, el Derecho positivo deriva su validez del Derecho natural. El hombre debe someterse al Derecho positivo porque le viene impuesto por la naturaleza. Y la naturaleza sólo lo impone en la medida en que el Derecho positivo es conforme al Derecho natural. 

Incluso en el caso de aceptar que las normas que regulan la conducta humana pueden deducirse de la naturaleza, se plantea por qué deben los hombres obedecer estas normas. La doctrina iusnaturalista no puede ofrecer ninguna respuesta a esta pregunta, ya que presupone simplemente, quizá porque le parece autoevidente, que los hombres deben obedecer los mandatos de la naturaleza. Ésta es la hipótesis fundamental, la norma básica, la razón de la validez del Derecho para la doctrina iusnaturalista. 

Sin embargo, esta hipótesis fundamental no puede aceptarse en una teoría positiva del Derecho, ya que es imposible deducir de la naturaleza normas que regulen la conducta humana. Las normas expresan una voluntad, y la naturaleza carece de ella. La naturaleza es un sistema de hechos relacionados entre sí por el principio de causalidad. Pensar que la naturaleza es una autoridad normativa —es decir, un ser sobrehumano dotado de la voluntad de crear normas— constituye una superstición animista o bien resulta de una interpretación teológica de la naturaleza como manifestación de la voluntad de Dios. 

Pluralismo jurídico

El Pluralismo Jurídico hace referencia a la existencia de múltiples sistemas jurídicos en una una misma área geográfica. Esta definición implica tres cosas: (i) reconocer que el derecho oficial, el derecho del estado, no es el único existente; (ii) que distintas prácticas jurídicas (i.e. justicia indígena, justicias comunitarias) pueden ser reconocidas como formas de derecho; (iii) lo anterior supone, por tanto, que el reconocimiento de soberanía que algunos estados establecen al pretender el monopolio de la fuerza jurídica, se relativiza.

Pluralismo Jurídico es la coexistencia dentro un Estado de diversos conjuntos de normas jurídicas positivas en un plano de igualdad, respeto y coordinación.

Machicado, Jorge1El concepto de pluralismo jurídico supone una definición alternativa de derecho, pues si se adopta la definición clásica, el derecho se reduce a las normas producidas exclusivamente por el Estado. Si se acepta la noción de pluralismo jurídico, se pone en cuestión la idea del monopolio de la fuerza estatal.

Desde una perspectiva sociojurídica, puede entenderse como derecho cualquier conjunto de normas que regulen la conducta humana, y que sea reconocido por sus destinatarios como vinculante. Según Boaventura de Sousa Santos, cualquier orden social que de cuenta de retórica, violencia y burocracia, puede ser considerado como derecho.

El comercio informal, la presencia de grupos guerrilleros o paramilitares, o la presencia de etnias o grupos indígenas en un Estado, son algunos ejemplos de pluralismo jurídico.

Desobediencia civil

Desobediencia o desobediencia civil se define como el acto de no acatar una norma de la que se tiene obligación de cumplimiento. La norma que debería obedecerse es, por lo general, una norma jurídica, o en todo caso cualquier norma que el grupo en el poder considera investida de autoridad en el sentido de que su transgresión acarreara inevitablemente un castigo.1 La desobediencia puede ser activa o pasiva. El término “civil” hace referencia a los deberes generales que todo ciudadano debe reconocer, legitimando así el orden legal vigente. En otras palabras, “civil” indica que el objetivo principal de la desobediencia es traer cambios en el orden social o político que afectarían la libertad de los ciudadanos.

La desobediencia civil puede definirse como “cualquier acto o proceso de oposición pública a una ley o una política adoptada por un gobierno establecido, cuando el autor tiene conciencia de que sus actos son ilegales o de discutible legalidad, y es llevada a cabo y mantenida para conseguir unos fines sociales concretos”.

Para que un acto se clasifique como de desobediencia civil, se necesita que la acción se haga públicamente, que sea ilegal o que así lo clasifique el poder, y que al mismo tiempo quien cometa el supuesto delito esté consciente de sus acciones y motivos.

 

Diferencia entre la desobediencia civil y los derechos humanos

Desobediencia o desobediencia civil

Se define como el acto de no acatar una norma de la que se tiene obligación de cumplimiento. La norma que debería obedecerse es, por lo general, una norma jurídica, o en todo caso cualquier norma que el grupo en el poder considera investida de autoridad en el sentido de que su transgresión acarreara inevitablemente un castigo.1 La desobediencia puede ser activa o pasiva. El término “civil” hace referencia a los deberes generales que todo ciudadano debe reconocer, legitimando así el orden legal vigente. En otras palabras, “civil” indica que el objetivo principal de la desobediencia es traer cambios en el orden social o político que afectarían la libertad de los ciudadanos.

La desobediencia civil puede definirse como “cualquier acto o proceso de oposición pública a una ley o una política adoptada por un gobierno establecido, cuando el autor tiene conciencia de que sus actos son ilegales o de discutible legalidad, y es llevada a cabo y mantenida para conseguir unos fines sociales concretos”.

Para que un acto se clasifique como de desobediencia civil, se necesita que la acción se haga públicamente, que sea ilegal o que así lo clasifique el poder, y que al mismo tiempo quien cometa el supuesto delito esté consciente de sus acciones y motivos.

Derechos humanos

Los derechos humanos son aquellas “condiciones instrumentales que le permiten a la persona su realización”.1 En consecuencia subsume aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos2 que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna, «sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición».3

Para autores iusnaturalistas los derechos humanos son independientes o no dependen exclusivamente del ordenamiento jurídico vigente, por lo que son considerados fuente del Derecho; sin embargo desde el positivismo jurídico la realidad es que solamente los países que suscriben los Pactos Internacionales de Derechos Humanos o Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y sus Protocolos –Carta Internacional de Derechos Humanos– están obligados jurídicamente a su cumplimiento.4 Así, por ejemplo, en relación con la pena de muerte, contraria a la Declaración Universal de los Derechos Humanos,

Objeción de conciencia

Desde una ética racional que considera que el individuo debe responder en primer lugar al tribunal de la propia conciencia, la objeción de conciencia se define como un derecho subjetivo a resistir los mandatos de la autoridad cuando contradicen los propios principios morales. De alguna manera, entronca con otras figuras de desobediencia al derecho, especialmente con la desobediencia civil y, de manera aún más alta, con el denominado derecho de resistencia a la opresión, proclamado en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano al inicio de la Revolución francesa (1789).

La objeción de conciencia es el rechazo al cumplimiento de determinadas normas jurídicas por considerarse éstas contrarias a las creencias éticas o religiosas de una persona. En principio, puede plantearse ante cualquier tipo de mandato que se derive del ordenamiento jurídico, como normas médicas u obligaciones tributarias: el supuesto más destacado, no obstante, es la objeción de conciencia al servicio militar. La objeción, por tanto, entra en juego cuando se da un choque –a veces dramático- entre la norma legal que impone un “hacer” y la norma ética o moral que se opone a esa actuación. En caso así, el objetor de conciencia, se decanta por el “no” a la ley, atendiendo a lo que considera un deber de conciencia.

Reparos a la objeción de conciencia

La objeción de conciencia es el derecho fundamental, derivado de la libertad de conciencia y la libertad de cultos, que tiene toda persona natural de oponerse, por razones de índole religiosa, filosófica, moral o política, al cumplimiento de un deber jurídico de origen constitucional, legislativo o reglamentario, cuando este resulte incompatible con convicciones íntimas, fijas, profundas y sinceras, derivadas de su conciencia. Las creencias, motivaciones o razones que configuren la objeción de conciencia deben responder a fines constitucionalmente admisibles.

Donde surge la objeción: Originariamente el objetor de conciencia es una persona que, por razones dictadas por su conciencia, se rehúsa a efectuar su servicio militar por reparos a la posibilidad de matar a su prójimo. En contraparte acepta cumplir con un servicio civil, poniendo su tiempo, sus competencias y su ideal al servicio de la sociedad. El objetor no pide nada en contraparte. La objeción de conciencia al servicio militar surge como tal en cuanto éste se convierte en obligatorio para el ciudadano. La obligatoriedad del servicio militar surge, sobre todo a partir de las guerras napoleónicas, cuando se forman en Europa los grandes ejércitos nacionales para reclutamiento.

Estatuto Jurídico de objeción de conciencia

Estatuto jurídico es un conjunto de normas que regulan una situación determinada, el estatuto jurídico de objeción de conciencia son aquellas normas que regulan todo lo relativo a ella. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas (ICCPR por sus siglas en inglés), que entró en vigencia en 1976, implementando la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, dice en su Artículo 18

  1. “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza.
  2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección.

En la constitución de la República Bolivariana de Venezuela encontramos este derecho en su artículo 61.

Artículo 61. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y a manifestarla, salvo que su práctica afecte la personalidad o constituya delito. La objeción de conciencia no puede invocarse para eludir el cumplimiento de la ley o impedir a otros su cumplimiento o el ejercicio de sus derechos.

Desobediencia civil en Venezuela

Artículo 350 El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.

Diferencias entre la desobediencia civil y la objeción de conciencia

La objeción de conciencia supone que una persona se niega a cumplir lo que establece una norma jurídica por motivos de convivencia, porque entra en conflicto con sus obligaciones morales o religiosas. El rechazo se limita a sustraerse al cumplimiento de una norma sin pretender en ningún momento la modificación o derogación de la misma, siendo de destacar al respecto que, la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo ha declarado al respecto que no cabe un derecho a la objeción de conciencia con carácter genérico, sino solamente con respecto a alguna o alguna de las normas jurídicas que entren en conflicto con la moral, puesto que, de lo contrario, nos hallaríamos ante una falta de vinculación del Derecho.

La desobediencia civil, por el contrario, supone la inobservancia de una o varias normas con la finalidad de lograr la modificación de estas mismas normas (políticas, programáticas, etc.) que se consideran injustas o inmorales, aceptando normalmente la sanción impuesta por la desobediencia. Su finalidad es política y por eso la desobediencia civil es pública y manifiesta, pudiendo ser dicha desobediencia civil, a su vez, directa si se vulnera la norma que se pretende modificar, o indirecta si se vulnera una norma que no se cuestiona para poner en evidencia la disconformidad con otra norma o decisión.

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s