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La sala constitucional del tribunal supremo de justicia y los órganos de jurisdicción constitucional

La sala constitucional del tribunal supremo de justicia y los órganos de   jurisdicción constitucional.

 

El Tribunal Supremo de Justicia, es parte del Sistema de Justicia y órgano rector del Poder Judicial, en consecuencia es su máxima autoridad jurisdiccional y ejerce su dirección, gobierno y administración, con la finalidad de asegurar al justiciable la protección y tutela de sus derechos y garantías constitucionales.

La sala constitucional de tribunal supremo de justicia es una sus 6 salas que al igual que en resto tiene como finalidad garantizar el estado democrático y social de derecho y de justicia eficaz, que consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a través de una administración de justicia imparcial, transparente, racional, equitativa, expedita, autónoma, eficaz, integral y accesible al justiciable. Las atribuciones de dicha sala se encuentran en el artículo 336 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela.

Órganos de jurisdicción constitucional: Se acostumbra denominar como “Jurisdicción Constitucional”, al conjunto de mecanismos destinados a defender la Constitución, sea en su aspecto orgánico o el dogmático. Dentro de ella tienen destacada importancia el Control Constitucional de las Leyes y la defensa de los Derechos Humanos.

La jurisdicción Constitucional, es la técnica derivada del principio de supremacía de la Constitución, en función de la cual se atribuye a ciertos órganos especializados la tarea de velar por el respeto a la ética pública que, como un conjunto de objetivos o de fines axiológicos, debe reconocer y preservar el poder político a través del Derecho. Dichos órganos tienen, desde una óptica jurídica, la última palabra sobre el contenido y alcance de los principios y normas contenidos en la Constitución.

En Venezuela, los órganos de jurisdicción constitucional se encuentran establecidos en los artículos 266, 334 y 335 de la carta magna y de igual manera hace referencia al control difuso y concentrado de la constitución. El artículo 266 dice: Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia: “Ejercer la jurisdicción constitucional conforme al título VIII de la Constitución”, de igual forma menciona que dicha atribución será ejercida por la sala constitucional.

El Control difuso de la constitucionalidad se puede definir como aquella facultad que tienen los jueces para no aplicar, una norma que consideren contraria a la Constitución. Este control se encuentra establecido en el artículo 334 de la constitución.

Artículo 334. Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de esta Constitución. En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aun de oficio, decidir lo conducente. Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de esta Constitución o que tengan rango de ley, cuando colidan con aquella.

El Control Concentrado de la Constitución es aquel que le confiere la facultad a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley, cuando coliden con aquélla. Esto lo establece el artículo 335.

                                       Ámbito de competencias

Las competencias son las atribuciones o funciones que le corresponden a los órganos de la jurisdicción constitucional la cual es principalmente resguardarla supremacía constitucional, sus competencias están establecidas de forma específica en los artículos 266, 334, 335 y 336 de la carta magna en donde se establecen las funciones del tribunal supremo de justicia como máximo intérprete de la constitución y la de los demás tribunales de la república.

Artículo 266.

Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia:
-Ejercer la jurisdicción constitucional conforme al Título VIII de la Constitución.
-Declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del Presidente o Presidenta de la República o quien haga sus veces, y en caso afirmativo, continuar conociendo de la causa previa autorización de la Asamblea Nacional, hasta sentencia definitiva.
-Declara si hay o no mérito para el enjuiciamiento del Vicepresidente o Vicepresidenta de la República, de los o las integrantes de la Asamblea Nacional o del propio Tribunal Supremo de Justicia, de los Ministros o Ministras, del Procurador o Procuradora General, del Fiscal o Fiscala General, del Contralor o Contralora General de la República, del Defensor o Defensora del Pueblo, los Gobernadores o Gobernadoras, oficiales u oficialas generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional y de los jefes o jefas de las Misiones diplomáticas de la República y, en caso afirmativo, remitir los autos al Fiscal o Fiscala General de la República o a quien haga sus veces, si fuere el caso; y si el delito fuere común, continuará conociendo de la causa hasta la sentencia definitiva.
-Dirimir las controversias administrativas que se susciten entre la República, algún Estado, Municipio u otro ente público, cuando la otra parte sea alguna de esas mismas entidades, a menos que se trate de controversias entre Municipios de un mismo Estado, caso en el cual la ley podrá atribuir su conocimiento a otro tribunal.
-Declara la nulidad total o parcial de los reglamentos y demás actos administrativos generales o individuales del Ejecutivo Nacional, cuando sea procedente.
-Conocer de los recursos de interpretación sobre el contenido y alcance de los textos legales, en los términos contemplados en la ley.
-Decidir los conflictos de competencia entre tribunales, sean ordinarios o especiales, cuando no exista otro tribunal superior o común a ellos en el orden jerárquico.
-Conocer del recurso de casación.
-Las demás que le atribuya la ley.
-La atribución señalada en el numeral 1 será ejercida por la Sala Constitucional; las señaladas en los numerales 2 y 3, en Sala Plena; y las contenidas en los numerales 4 y 5, en Sala Político administrativa. Las demás atribuciones serán ejercidas por las diversas Salas conforme a lo previsto por esta Constitución y la ley.

Artículo 334.

Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de la Constitución.
En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aun de oficio, decidir lo conducente.
Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley.

Artículo 335.

El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales; será el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su uniformidad interpretación y aplicación. Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de justicia y demás tribunales de la República.

 

Artículo 336.

Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
1. Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de la Asamblea Nacional que colidan con esta Constitución.
2. Declarar la nulidad total o parcial de las Constituciones y leyes estadales, de las ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes de los Estados y Municipios dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución y que colidan con ésta.
3. Declarar la nulidad total o parcial de los actos con rango de ley dictados por el Ejecutivo Nacional que colidan con esta Constitución.
4. Declarar la nulidad total o parcial de los actos en ejecución directa e inmediata de la Constitución, dictados por cualquier otro órgano estatal en ejercicio del Poder Público.
5. Verificar, a solicitud del Presidente o Presidenta de la República o de la Asamblea Nacional, la conformidad de la Constitución con los tratados internacionales suscritos por la República antes de su ratificación.
6. Revisar, en todo caso, aun de oficio, la constitucionalidad de los decretos que declaren estados de excepción dictados por el Presidente o Presidenta de la República.
7. Declarar la inconstitucionalidad del poder legislativo municipal, estadal o nacional, cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución, o las haya dictado en forma incompleta, y establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su corrección.
8. Resolver las colisiones que existan entre diversas disposiciones legales y declarar cuál de éstas debe prevalecer.
9. Dirimir las controversias constitucionales que se susciten entre cualquiera de los órganos del Poder Público.
10. Revisar las sentencias de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva.
11. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley.

Carácter vinculante de las sentencias emanadas por la sala constitucional                      del tribunal supremo de justicia

Las sentencias de la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) son vinculantes ya que esta es la única que puede dictar sentencias que tienen que son vinculantes para los tordos los tribunales de la república, es decir que sus contenidos deben ser seguidos y acatados obligatoriamente por todos los tribunales, incluidas las demás salas del máximo juzgado.

Lo dispuesto en el artículo 335 del texto fundamental, establece: “Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales”.

La regulación constitucional e informalidad del proceso

La regulación constitucional consiste en, como su título lo dice, la regulación de la aplicación e interpretación de las normas del texto constitucional el cual se lleva a cabo por medio de mecanismos procesales de jurisdicción constitucional que generalmente se caracterizan por su informalidad debido a su falta de exigencias para que estos se lleven a cabo, un ejemplo de esto es el amparo que de acuerdo al artículo 27 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela será oral, publico, breve, gratuito y no sujeto a formalidades.

             Mecanismos procesales de la jurisdicción constitucional

El derecho procesal constitucional como rama del derecho, tiene como finalidad el estudio de los órganos encargado de la defensa de la Constitución, las garantías procesales y los procesos constitucionales.

El derecho procesal constitucional comprende esencialmente la magistratura constitucional y los procesos constitucionales; en síntesis, la Jurisdicción Constitucional; se ocupa de los órganos y de los procesos que garantizan la efectividad de los derechos y libertades fundamentales, y la supremacía de la Constitución.

Los mecanismos para la protección de los derechos y garantías establecidos en la constitución son el amparo (tutela, protección seguranza), habeas Corpus, habeas Data, acción de cumplimiento, recurso o acción de inconstitucionalidad, procesos Colectivos.

El artículo 27 de nuestra constitución, reza que toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.

El artículo 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales señala que toda persona puede solicitar ante los tribunales  el amparo previsto en el mencionado artículo 49, con el propósito de que se restablezca inmediatamente la situación jurídica infringida.

Se caracteriza por:

El amparo es equiparable a un proceso cautelar y restitutorio, tendente únicamente a la constatación de la violación o amenaza de violación del derecho o garantía constitucional, a objeto de que se le restablezca al solicitante el pleno goce y ejercicio de tales derechos sin prejuzgar sobre ninguna otra materia, quedando abiertas a las partes las vías ordinarias para reclamar las indemnizaciones o restituciones a que haya lugar en derecho.

El procedimiento de amparo constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidades (Art 27).

La acción de amparo a la libertad o seguridad podrá ser impuesta por cualquier persona, y el detenido o detenida será puesta bajo la custodia del tribunal de manera inmediata, sin dilación alguna. Se caracteriza por la moral y ausencia de formalidades en los procedimientos

Los derechos y garantías amparados en el ordenamiento jurídico y en el derecho internacional público son imprescriptibles y irrenunciables, y están regidos por el principio de progresividad.

Tiene total retroactividad y en su tramitación se aplica el principio de la simplicidad.

Su tramitación debe garantizar la defensa, el debate y la prueba.

  • El hábeas corpus: Es una instituciónjurídica que persigue “evitar los arrestos y detenciones arbitrarias” asegurando los derechos básicos de la víctima, algunos de ellos tan elementales como son estar vivo y consciente, ser escuchado por la justicia y poder saber de qué se le acusa. Para ello existe la obligación de presentar a todo detenido en un plazo preventivo determinado ante el juez, quien podría ordenar la libertad inmediata del detenido si no encontrara motivo suficiente de arresto.
  • El Habeas data: Es una acción constitucional que puede ejercer cualquier persona que estuviera incluida en un registro o banco de datos, para acceder a tal registro y que le sea suministrada la información existente sobre su persona, y de solicitar la eliminación o corrección si fuera falsa o estuviera desactualizada. También puede aplicarse al derecho al olvido, esto es, el derecho a eliminar información que se considera obsoleta por el transcurso del tiempo y ha perdido su utilidad. La frase legal se utiliza en latín, cuya traducción más literal es «tener datos presentes» siendo «hábeās» la segunda persona singular del presente de subjuntivo del verbo latino «habēre» (en este caso entendido como «tener»).

 

  • Acción de cumplimiento: Es un proceso judicial de carácter constitucional que tiene como finalidad proteger el derecho de las personas a que las autoridades competentes cumplan lo dispuesto por las leyes o lo dispuesto por algún acto administrativo, cuando ellas se muestran renuentes a ello. Lo puede presentar el mismo afectado o cualquier otra persona en su nombre, si el Juez comprueba que efectivamente aquéllas se han producido, ordena que la autoridad demandada cumpla lo dispuesto por la ley o lo prescrito por el acto administrativo.

 

  • La acción de inconstitucionalidad: O recurso de inconstitucionalidad es una herramienta jurídica a través de la cual, se pretende la declaración de inconstitucionalidad de una norma, alegando que atenta contra la ley fundamental de un Estado. Además de los ya nombrados mecanismos encontramos los procesos colectivos que consisten en lagarantización de lasupremacía constitucional de una forma colectiva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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