Modalidades del derecho.

OBLIGACIONES PURAS Y SIMPLES

Son aquellas cuyos elementos estructurales están integrados cada uno, por un solo componente (un vínculo, una prestación, un acreedor, un deudor) cuyos efectos se producen para las partes de inmediato y para siempre.

MODALIDADES EN SENTIDO ESTRICTO.

Modalidades son los elementos accidentales de una obligación que alteran o modifican sus efectos propios o normales, sea en cuanto a su nacimiento, ejercicio o extinción.

También se dice que modalidad es la estipulación inserta en un acto jurídico que tiene por fin retardar o modificar los efectos que éste habría producido si hubiese sido puro y simple, o extinguir esos efectos en un momento dado. En sentido estricto son modalidades, la condición, el plazo y el modo.

Las modalidades de la obligación son aquellos elementos eventuales que son incorporados dentro del acto por las partes.
De este modo las partes al momento de celebrar un acto jurídico haciendo uso de su autonomía privada, pueden acordar determinadas condiciones, el plazo del cumplimiento de sus obligaciones, el modo en que estos se realizaran.
Entonces una vez que las partes han acordado plasmar esto dentro del documento ya captando todas las condiciones establecidas dentro de ella, las partes deben de respetar dichos acuerdos consensuados.

Las modalidades de las obligaciones son hechos que alteran o modifican a la obligación en relación con 3 aspectos:

  1. La existencia de la obligación, a través de las condiciones, ya sea suspensiva o resolutoria.
  2. La exigibilidad de la obligación, por medio del plazo o término.
  3. La complejidad de la obligación, si comprende una pluralidad de sujetos u objetos

Estas modalidades de las obligaciones son hechos que alteran o modifican a la obligación en relación con 2 aspectos:

 

CONDICIÓN: Es un hecho futuro e incierto, que puede suceder o no, del cual depende la adquisición o extinción de un derecho.

Condición suspensiva: Se configura cuando de su realización depende el nacimiento de la obligación, el nacimiento depende de la realización de ese acontecimiento futuro e incierto.
Ejemplo: Si se contrata con una compañía el seguro de un automóvil para el caso de un robo total; la obligación de la compañía nace en el momento de realizarse un acontecimiento futuro de realización incierto, que es el hurto del vehículo: Este contrato está bajo una condición suspensiva.

Condición Resolutoria
La condición resolutoria lo es cuando de su realización se deriva la extinción de la obligación, restableciendo la situación jurídica anterior a su nacimiento. Ejemplo: La donación que Pedro hace a Juan de una casa de su propiedad; pero con la condición de que el donatario no muera antes que el donante. Se trata de una obligación que tiene plena eficacia legal, pero está sometida a una condición resolutoria, que depende de que Juan no muera antes que Pedro, que es un hecho futuro incierto. Si el hecho llegara a realizarse, se extinguiría la obligación, quedaría sin ningún efecto Pedro volvería a ser dueño de la casa donada.

 

PLAZO: Es un hecho futuro y cierto, del cual depende el ejercicio o la extinción de un derecho.

 

MODO: Es una carga impuesta al adquirente de un derecho. Es una modalidad más bien propia de las asignaciones testamentarias y donaciones entre vivos; pocas veces   tiene lugar en los actos a título oneroso. Es la carga que se impone a quien se otorga una liberalidad, sea donación o disposición testamentaria.

Está regulado a propósito de estas últimas, pero sus normas se aplican también a las obligaciones entre vivos. El modo se distingue de la obligación suspensiva en que no suspende la adquisición del derecho.

 

CARACTERISTICAS DE LAS MODALIDADES EN SENTIDO ESTRICTO:

 

1.- Tienen carácter accidental: Porque pueden o no formar parte del acto.

2.-Sólo las partes pueden establecer modalidades. Las modalidades no se presumen deben manifestarse expresa o tácitamente.

Es una modalidad, propia de las liberalidades, es decir, de las disposiciones a título gratuito, como las asignaciones testamentarias y los contratos a título gratuito.

El modo es una obligación que debe ser cumplida por el sujeto sobre el que pesa.

 

Los derechos constitucionales

Son aquellos incluidos en la norma constitutiva y organizativa de un estado generalmente denominada constitución que se consideran como esenciales en el sistema político y que están especialmente vinculados a la dignidad humana. Es decir, son aquellos derechos que disfrutan de un estatus especial en cuanto a garantías (de tutela y reforma) dentro del ordenamiento jurídico. Es conocido el planteamiento filosófico-antropológico según el cual donde nace una necesidad surge un derecho; este planteamiento tan lógico aparece por primera vez en “La República” de Platón. Los derechos constitucionales se clasifican en derechos fundamentales o de primera generación, derechos económicos, sociales y culturales o de segunda generación y derechos a un medio ambiente sano o de tercera generación

Derechos civiles

Derechos civiles y políticos, o derechos cívicos, son los derechos que protegen las libertades individuales de su conculcación injustificada (represión) por parte del poder (sea el de los gobiernos o el de cualquier otro agente político público o privado), y garantizan la capacidad del ciudadano para participar en la vida civil y política del Estado en condiciones de igualdad, y sin discriminación.

Derechos civiles son los reconocidos a todos los ciudadanos por la ley; y en ello se distinguen de los derechos humanos y de los derechos naturales. Los derechos civiles son concedidos dentro de los límites territoriales de un Estado, mientras que los derechos naturales o los derechos humanos se tienen, o bien por el mero hecho de nacer, según la teoría iusnaturalista, o bien por la mera constitución de la sociedad, según la teoría contractualista (el iuspositivismo, que separa moral y derecho, no se plantea la existencia de derechos naturales). John Locke sostuvo que los derechos naturales a la vida, la libertad y la propiedad debían ser convertidos en derechos civiles y protegerse por el Estado soberano como aspecto del contrato social (derechos constitucionales).

Derechos políticos

Derechos Políticos. Los derechos políticos son el conjunto de condiciones que posibilitan al ciudadano participar en la vida política, constituyendo la relación entre el ciudadano y el Estado, entre gobernantes y gobernados. Representan los instrumentos que posee el ciudadano para participar en la vida pública, o el poder político con el que cuenta este para participar, configurar y decidir en la vida política del Estado

Los derechos sociales

Son los que ciudadanos o habitantes de un país poseen. En otras palabras, son la “Consecuencia natural del estado de una persona, o de sus relaciones con respecto a otras” o la “facultad del ser humano para hacer legítimamente lo que conduce a los fines de su vida”.1 Implican el acceso a los medios necesarios para tener unas condiciones de vida dignas

Los derechos sociales son los que humanizan a los individuos, sus relaciones y el entorno en el que se desarrollan. Son garantías de la igualdad y la libertad reales, pues la libertad no es posible si es imposible ejercerla por las condiciones materiales de existencia4

Se les llama así no sólo porque postulan el reconocimiento de la familia, la maternidad, el matrimonio y la seguridad social, en las que el hombre se integra para el mejor desarrollo de su personalidad, sino porque van encaminados principalmente a proteger a las clases menos favorecidas en su condición económica y social. En efecto, fácil es comprender que sólo tiene sentido garantizar el derecho al trabajo y a su adecuada remuneración a los trabajadores y velar por la salud de la población sin recursos para pagar servicios médicos y asistencia les y garantizar a los niños, adolescentes, jóvenes y ancianos el pleno ejercicio de sus derechos y garantías.

Los derechos sociales se presentan bajo un doble aspecto: como reconocimiento y protección de los grupos humanos, naturales o no, que favorecen una convivencia organizada y justa, y como obligación por parte del Estado de crear servicios y garantizar con leyes pertinentes, la participación efectiva de todos en el goce de los derechos civiles y muy especialmente en la riqueza del país, que debe ser el patrimonio de la comunidad total sin artificiales discriminaciones.

Derechos culturales

Los derechos culturales son derechos relacionados con el arte y la cultura, entendidos en una amplia dimensión. Son derechos promovidos para garantizar que las personas y las comunidades tengan acceso a la cultura y puedan participar en aquella que sea de su elección. Son fundamentalmente derechos humanos para asegurar el disfrute de la cultura y de sus componentes en condiciones de igualdad, dignidad humana y no discriminación. Son derechos relativos a cuestiones como la lengua; la producción cultural y artística; la participación en la cultura; el patrimonio cultural; los derechos de autor; las minorías y el acceso a la cultura, entre otros.

Derechos educativos

El derecho a la educación es un derecho humano reconocido y se entiende como el derecho a una educación primaria gratuita obligatoria para todos los niños, una obligación a desarrollar una educación secundaria accesible para todos los jóvenes (sin distinción racial), como también un acceso equitativo a la educación superior, y una responsabilidad de proveer educación básica a los individuos que no han completado la educación primaria. Adicionalmente a estas previsiones sobre acceso a la educación abarca también la obligación de eliminar la discriminación en todos los niveles del sistema educativo, fijar estándares mínimos y mejorar la calidad.

Derechos económicos

El Capítulo VII de la Constitución venezolana de 1999 corresponde exactamente al enunciado que intitula: “Derechos Económicos”. En realidad casi todas las disposiciones del mencionado Capítulo se refieren a tales derechos, que junto con los sociales completan el antiguo cuadro de los derechos individuales con las modificaciones que éstos sufren en la nueva organización jurídica de la sociedad en el ámbito mundial.

1.    Libertad de Industria y Comercio

Es el derecho de dedicarse libremente a cualquier actividad económica sin más limitaciones que las previstas en la Constitución y las leyes por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social. (Art. 112).

Con toda claridad expresa la nueva Constitución la filosofía con que encara el Estado la promoción de la iniciativa privada: “El ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos, serán penados severamente de acuerdo con la ley”. (Art. 114).

2.    Prohibición de Monopolios

Artículo 113: “No se permitirán monopolios. Se declaran contrarios a los principios fundamentales de esta Constitución cualquier acto, actividad, conducta o acuerdo de los y las particulares que tengan por objeto el establecimiento de un monopolio o que conduzcan, por sus efectos reales e independientemente de la voluntad de aquellos o aquellas, a su existencia, cualquiera que fuere la forma que adoptare en la realidad. También es contraria a dichos principios el abuso de la posición de dominio que un particular, un conjunto de ellos o ellas o una empresa o conjunto de empresas, adquiera o haya adquirido en un determinado mercado de bienes o de servicios, con independencia de la causa determinante de tal posición de dominio, así como cuando se trate de una demanda concentrada. En todos los casos antes indicados, el Estado adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio, del abuso de la posición de dominio y de las demandas concentradas, teniendo como finalidad la protección del público consumidor, los productores y productoras y el aseguramiento de condiciones efectivas de competencia en la economía”.

No obstante la prohibición de monopolios, en la propia Constitución se establece una excepción que se justifica por si sola: “Cuando se trate de explotación de recursos naturales propiedad de la Nación o de la prestación de servicios de naturaleza pública con exclusividad o sin ella, el Estado podrá otorgar concesiones por tiempo determinado, asegurando siempre la existencia de contra prestaciones o contrapartidas adecuadas al interés público”.

3.    Derecho de Propiedad

Uno de los derechos más importantes de las viejas constituciones que ha padecido la más radical transformación en las nuevas declaraciones es el derecho de propiedad.

En la Constitución de 1999, siguiendo los más avanzados conceptos de la de 1947 y 1961, el Estado garantiza el derecho de propiedad. Pero: “La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general”.

a.    La Expropiación

Tal vez no exista en la Constitución Venezolana disposición más constante que la expropiación por causa de utilidad pública. Constituciones jurídicas o inauténticas la contienen. En cambio, la actual no le dedica un artículo especial sino que la engloba con el derecho de propiedad y habla del pago “oportuno” de justa indemnización. Ella establece en el artículo 115 que “sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización podrá ser declarada la expropiación de cualquiera clase de bien”.

b.    La Confiscación

La Carta actual incluye entre los derechos económicos y como una garantía inherente al derecho de propiedad, la prohibición de las confiscaciones de bienes.

La confiscación, o sea la expropiación sin compensación de las propiedades y pertenencias de una persona en beneficio del fisco o del Tesoro Público, es una de las instituciones más antiguas y de las muy pocas que no han perdido a través de los siglos su significación original.

Por lo que respecta a la Constitución del 99, se mantuvo en ella el principio que prohíbe la confiscación de bienes con las excepciones en materia de bienes provenientes de delitos cometidos contra el patrimonio público, de los bienes de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del Poder Público, y de los bienes provenientes de las actividades vinculantes al tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes.

4.    Derecho a bienes y servicios de calidad

Todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, así como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y servicios que consumen, a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno. La ley establecerá los mecanismos necesarios para garantizar esos derechos, las normas de control de calidad y cantidad de bienes y servicios, los procedimientos de defensa del público consumidor, el resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones correspondientes por la violación de estos derechos. (Art. 117).

5.    Derecho de Asociación Económica

En la Constitución vigente, entre los derechos económicos, aparece “el derecho de los trabajadores y de la comunidad para desarrollar asociaciones de carácter social y participativo”, y la Constitución de 1999 es amplia y explícita al respecto. Se le llama así no sólo porque consagra el reconocimiento de las asociaciones, cooperativas, cajas de ahorro y mutuales, en las que los trabajadores se integran para el mejor desarrollo de beneficios colectivos, sino porque van encaminadas principalmente a proteger a las comunidades menos favorecidas en su condición social y participativa.

Derechos indígenas

Los derechos de los indígenas son aquellos derechos colectivos que existen como reconocimiento a la condición específica de los pueblos autóctonos. Los mismos incluyen no solo los derechos humanos más básicos a la vida e integridad, sino también los derechos sobre su territorio, al idioma, cultura, religión y otros elementos que forman parte de su identidad como pueblo. El término puede ser utilizado como una expresión de reclamo por organizaciones sociales o ser parte de leyes nacionales que establecen la relación entre un gobierno y el derecho de autodeterminación de los pueblos autóctonos que viven dentro de sus fronteras, o en derecho internacional como una protección contra acciones violatorias por parte de gobiernos o de grupos con intereses privados.

Venezuela ha sido pionera en el reconocimiento de dichos derechos en la constitucion de 1999, aqui podemos ver una comparacion en sus preambulos:

Preámbulo de la constitución de 1961

El Congreso de la República de Venezuela, requerido el voto de las Asambleas Legislativas de los Estados Anzoátegui, Apure, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy y Zulia, Y visto el resultado favorable del escrutinio, en representación del pueblo venezolano, para quien invoca la protección de Dios Todo Poderoso; con el propósito de mantener la independencia y la integridad territorial de la Nación, fortalecer su unidad, asegurar la libertad, la paz y la estabilidad de las instituciones; proteger y enaltecer el trabajo, amparar la dignidad humana, promover el bienestar general y la seguridad social; lograr la participación equitativa de todos en el disfrute de la riqueza, según los principios de la justicia social, y fomentar el desarrollo de la economía al servicio del hombre; mantener la igualdad social y jurídica, sin discriminaciones derivadas de la raza, sexo, credo o condición social; cooperar con las demás naciones y, de modo especial, con las Repúblicas hermanas del Continente, en los fines de la comunidad internacional, sobre la base del reciproco respeto de las soberanías, la autodeterminación de los pueblos, la garantía universal de los derechos individuales y sociales de la persona humana, y el repudio de la guerra, de la conquista y del predominio económico como instrumentos de política internacional; sustentar el orden democrático como único e irrenunciable medio de asegurar los derechos y la dignidad de los ciudadanos, y favorecer pacíficamente su extensión a todos los pueblos de la tierra; y conservar y acrecer el patrimonio moral e histórico de la Nación, forjado por el pueblo en sus luchas por la libertad y la justicia y por el pensamiento y la acción de los grandes servidores de la patria, cuya expresión más alta es Simón Bolívar, el Libertador, decreta la siguiente CONSTITUCIÓN.

  • Primordialmente se hace evidente la representación y no la participación protagónica que puede apreciarse en el preámbulo de nuestra actual carta magna.

 

Preámbulo de la constitución de 1999

El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro Libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana; con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna; promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad; en ejercicio de su poder originario representado por la Asamblea Nacional Constituyente mediante el voto libre y en referendo democrático.

  • En nuestro actual preámbulo se puede evidenciar el espíritu de participación, protagonismo, reconocimiento de las culturas indígenas, el reordenamiento socio-político del territorio, el rango constitucional que se le da al derecho al trabajo, la educación, la salud, así como a los principios de cooperación, corresponsabilidad, no intervención, autodeterminación de los pueblos, entre otros.

Es importante señalar que el espíritu de nuestra actual constitución se fundamenta en el bienestar común y en propender la mayor suma de felicidad a cada habitante del país. Es de esta manera como nuestros legisladores han creado recientemente una importante cantidad de leyes que apuntan hacia la seguridad social como beneficio primordial para el buen vivir y la mejor calidad de vida del venezolano.

La Constitución de 1961, se implantó a raíz de una conmoción de tipo político, que fue la caída del general Pérez Jiménez, y que abrió las puertas a la democracia parlamentaria. Sancionada por el Congreso de la República, en Caracas el 23 de enero de 1961 y promulgada por el presidente Rómulo Betancourt el mismo día. Fue enmendada en 2 oportunidades: La Enmienda núm. 1, sancionada por el Congreso el 9 de mayo de 1973 y promulgada por el presidente Rafael Caldera el 11 del mismo mes y año; y la Enmienda núm. 2, sancionada por el Congreso el 16 de marzo de 1983 promulgada el mismo día por el presidente Luis Herrera Camping.

La Constitución de 1999, ha tenido un origen distinto; ha sido el resultado de una conmoción social debida al deterioro persistente del estado económico del país, en particular de las clases populares.

Derechos ambientales

El derecho ambiental tiene un carácter finalista o funcional, basado sobre el valor del interés general, que comprende la protección del ambiente. El carácter finalista de esta nueva rama del derecho explica la utilización y modificación de instituciones, procedimientos, técnicas, principios y reglas de otras ramas del derecho, a fin de acceder a la más completa protección del ambiente, en provecho de todos.

La protección del ambiente es uno de los nuevos valores de la sociedad. Un ambiente sano y seguro es también una de las necesidades esenciales de los Estados, sus desmembraciones territoriales inferiores (estados federados, regiones, departamentos, provincias, comunas, municipios), de las formas asociativas privadas comúnmente llamadas organizaciones no gubernamentales -ONG- (sociedades civiles, asociaciones, fundaciones), del colectivo y, sobre todo, de la persona humana. La protección del ambiente es de interés general y particular de los individuos, pues les garantiza su calidad de vida.

Derechos humanos

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.

Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos.

Los derechos humanos son aquellas “condiciones instrumentales que le permiten a la persona su realización”1 . En consecuencia subsume aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos2 que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna, «sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición»

Principio de progresividad

 

El artículo 19 de nuestra Carta Magna es la disposición más importante del título de “los derecho humanos y garantías”, ya que consagra el principio de progresividad, que consiste en la irreversibilidad de los derechos que ya han sido reconocidos, por lo que los mismos no pueden ser desconocidos ni disminuidos, precisamente por ser inherentes a las personas. De esta manera, tal disposición constituye una protección de los derechos humanos promoviendo su ampliación e impidiendo su restricción. El artículo referido reza así: “El Estado garantizará a toda persona, conforme al principios de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen.

Deberes constitucionales

Los deberes constitucionales son aquellas conductas o comportamientos de carácter público, exigibles por la ley a la persona o al ciudadano, que imponen prestaciones físicas o económicas y que afectan, en consecuencia, la esfera de su libertad personal. Las restricciones a la libertad general sólo pueden estar motivadas por fundadas razones que determine el Legislador. En este sentido, los deberes consagrados en la Constitución comprenden una habilitación al Legislador para desarrollar y concretar la sanción por el incumplimiento de los parámetros básicos de conducta social fijados por el Constituyente

En el Capítulo X del Título III se establecen el conjunto de deberes constitucionales de las personas, los cuales se complementan con otras disposiciones del texto constitucional.

1. El deber de defender a la patria: Todos los venezolanos tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos, valores culturales, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la Nación (art. 130).

2. El deber de acatar la Constitución: Toda persona tiene el deber de cumplir y acatar la Constitución, las leyes y los demás actos que en ejercicio de sus funciones dicten los órganos del Poder Público (art.131).

3. Los deberes de solidaridad social: Todas las personas tienen el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social (art. 132).

Además, conforme al artículo 135, las obligaciones que correspondan al Estado, conforme a la Constitución y a la ley, en cumplimiento de los fines del bienestar social general, no excluyen las que, en virtud de la solidaridad y responsabilidad social y asistencia humanitaria, correspondan a los particulares según su capacidad. En tal sentido, la ley debe proveer lo conducente para imponer el cumplimiento de estas obligaciones en los casos en que fuere necesario.

Además, la Constitución dispone que quienes aspiren al ejercicio de cualquier profesión, tienen el deber de prestar servicio a la comunidad durante el tiempo, lugar y condiciones que determine la ley.

4. El deber de contribuir con los gastos públicos : Toda persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley (art. 133).

5. El deber de prestar el servicio civil y militar: Toda persona, de conformidad con la ley, tiene el deber de prestar los servicios civil o militar necesarios para la defensa, preservación y desarrollo del país, o para hacer frente a situaciones de calamidad pública.

En cuanto al servicio militar, se establece expresamente que nadie puede ser sometido a reclutamiento forzoso.

Además, toda persona tiene el deber de prestar servicios en las funciones electorales que se les asignen de conformidad con la ley (art. 134).

6. El deber de educarse: La educación, además de un derecho, se establece como un deber constitucional (deber social fundamental) por lo que es obligatoria (art. 102) en todos sus niveles desde el maternal hasta el nivel medio diversificado (art. 103).

7. El deber de trabajar: El trabajo, además de un derecho, también se lo considera como un deber constitucional (art. 87).

8. Los deberes de los padres e hijos: Los padres tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos; y estos tienen el deber de asistirlos cuando aquellos no puedan hacerlo por si mismos (art. 76).

Garantías constitucionales

Son los derechos mínimos de los que gozan un ciudadano, y que no pueden ser violentados por ninguna autoridad. Son derechos legítimos, están comprendidos en los primero artículos de las Constituciones o Cartas Magnas. Sin embargo, constantemente con violados por las autoridades o los poderosos.

Las garantías constitucionales son los medios de defensa de la constitución. Una constitución que pretende ser normativa, ósea obligatoria, obedecida, necesita ser justiciable y para eso requiere de medios que garanticen que se cumplen con sus normas: juicio de amparo, cuestión de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. También se cuentan entre las garantías de la constitución: la división de poderes, la jerarquía normativa (la supremacía de la constitución) y fundamentalmente los principios del estado de derecho (ppio de legalidad, ppio de libertad, confianza, prohibición de la arbitrariedad, etc…)

Se denominan garantías constitucionales a los medios que la ley dispone para proteger los derechos de las personas, pues su simple declaración, sin los correspondientes remedios previstos para el caso de violación, resultaría una utopía.

Son los derechos públicos que a su vez se traducen en una obligación de respeto de las autoridades con los requisitos y límites que las propias leyes establecen; esas limitaciones o excepciones al poder público se sustentan, fundamentalmente, en la protección de los intereses de la sociedad y los derechos de los gobernados. El Estado, en su carácter de sujeto pasivo de las garantías, está obligado a velar por dichos intereses con apego a las normas constitucionales y legales, además de constituirse en garante del interés social al establecer normas tendientes a protegerlo.

Principio de irretroactividad de la ley.

Cuando un ordenamiento jurídico nuevo entra en vigor, la ley que regía con anterioridad resulta abrogada por aquella, de esta manera, si se aplica la nueva ley, se tendría que admitir que los hechos jurídicos originados antes de su vigencia han sido objeto de un nuevo análisis por parte de principios o disposiciones legislativas que no existían en el momento en que se crearon tales situaciones o hechos jurídicos, y así como consecuencia de los resultados de este análisis, habrá que modificar o suprimir las consecuencias que las partes habrían pretendido alcanzar, de acuerdo con las disposiciones de la ley anterior, única que regía en el momento en que tuvo lugar el hecho o acto jurídico; por consecuencia, la ley que debe aplicarse es la nueva sin importar los hechos o consecuencias que se hayan generado por la ley anterior; esto es que la ley nueva será autónoma e independiente de la ya abrogada.

¿Qué es la irretroactividad de la ley?

Una ley es irretroactiva cuando se aplique a un hecho realizado durante su vigencia, para cuya justificación o no-justificación, no se tenga que acudir al acto generador celebrado bajo el imperio de la norma abolida, sino que pueda ser analizado independientemente de su causa jurídica.

En términos coloquiales:

Esto es que cuando una ley cambie porque se reformó o adicionó algo, no debe aplicarse a alguien que tenía un derecho previo a la ley si dicha ley en lugar de beneficiarle, le perjudica. Me explico. El impuesto a los depósitos en efectivo señala que lo deben pagar quienes realicen depósitos de más de 15 mil pesos. Pero esa ley no afectará a quienes hayan hecho depósitos antes de que surgiera la ley, porque violaría la garantía de seguridad jurídica que otorga la constitución.

Por el contrario debe entenderse en sentido contrario lo que dice la ley, si no debe darse efecto retroactivo, es decir aplicación a un hecho anterior cuando cause un daño, si debe darse el efecto retroactivo si causa un beneficio. Por ejemplo, antes era un delito el adulterio y la gente que tenía un amante podía ir a prisión. Cuando se reformó el Código Penal que prohibia castigar el adulterio y lo sacó del catálogo de delitos, la gente que estaba en prisión por ese delito, podía salir cuando entrara en vigor esa ley, pues ya no había delito que perseguir y por lo tanto no había pena que cumplir.

En resumen, si hoy haces algo que no es castigado y mañana sale una ley que lo castiga, a ti no te pueden castigar por eso que hiciste antes que saliera la ley. “La ley no se aplica retroactivamente (para atrás) salvo que sea en tu beneficio.

Principio funcional de Igualdad ante la ley

El principio de igualdad ante la ley es el que establece que todos los seres humanos son iguales ante la ley, sin que existan privilegios ni prerrogativas de sangre o títulos nobiliarios. Es un principio esencial de la democracia. El principio de igualdad ante la ley es incompatible con sistemas legales de dominación como la esclavitud, la servidumbre, el colonialismo o la desigualdad por sexo o religión.12

El principio de igualdad ante la ley se diferencia de otros conceptos, derechos y principios emparentados, como la igualdad de oportunidades y la igualdad social.

Igualdad ante la ley, es el conjunto de deberes, derechos y garantías del ordenamiento jurídico. El contenido de las leyes sea igual para todos, o desigual si así corresponde, sobre la fase o en función de la justicia.Igualdad ante la ley, implica que todos debemos cumplir el mandato de la ley, no sólo los órganos del Estado, como asimismo, tales órganos deben interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico, sin incurrir en discriminación.

El debido proceso

Es un principio legal por el cual el Estado debe respetar todos los derechos legales que posee una persona según la ley. El debido proceso es un principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez. El debido proceso establece que el gobierno está subordinado a las leyes del país que protegen a las personas del estado. Cuando el gobierno daña a una persona sin seguir exactamente el curso de la ley incurre en una violación del debido proceso lo que incumple el mandato de la ley.

El debido proceso se ha interpretado frecuentemente como un límite a las leyes y los procedimientos legales (véase Debido proceso fundamental) por lo que los jueces, no los legisladores, deben definir y garantizar los principios fundamentales de la imparcialidad, justicia y libertad. Esta interpretación resulta controvertida, y es análoga al concepto de justicia natural y a la justicia de procedimiento usada en otras jurisdicciones. Esta interpretación del proceso debido se expresa a veces como que un mandato del gobierno no debe ser parcial con la gente y no debe abusar físicamente de ellos.

 

 

 

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