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El Control de la constitucionalidad.

El Control de constitucionalidad

Es el mecanismo jurídico por el cual, para asegurar el cumplimiento de las normas constitucionales, se realiza un procedimiento de revisión de las normas ordinarias, y en caso de contradicción con la Constitución se procede a la invalidación de las normas de rango inferior que no hayan sido hechas en conformidad con aquellas. El fundamento de este control es el mantenimiento del Principio de Supremacía Constitucional.

Fundamento                                    

El control de constitucionalidad tiene como fundamento el principio de supremacía constitucional, esto es que la Constitución de un país es la norma de mayor jerarquía a la cual deben sujetarse las normas de rango inferior, entendiéndose por tales a las leyes dictadas por el parlamento, los decretos y demás resoluciones dados por el Poder Ejecutivo o por entidades autárquicas y las sentencias y demás resoluciones de los jueces, por lo cual las normas que presuntamente no se ajusten al texto o normas constitucionales serán sometidas a este procedimiento.

Órganos que lo ejercen.

Judiciales (o con fisonomía judicial): el control se encarga a tribunales, pertenecientes o no al Poder Judicial. Esta variante se subdivide en tres:

  • Difuso (o desconcentrado): cualquier juez puede realizar la verificación de constitucionalidad.
  • Concentrado (o especializado): es el sistema ideado por Kelsen que resumimos anteriormente . Algunos países la han implementado exactamente como él propuso; otros ubicaron al Tribunal Constitucional dentro del Poder Judicial. Otros países quedaron a mitad de camino otorgando la función del  Tribunal Constitucional
    a un órgano ordinario del Poder Judicial, sea a la Corte Suprema o a una sala de ella llamándola “Sala Constitucional”.
    • Mixto: intenta compaginar las ideas del sistema difuso y del concentrado . Así, por ejemplo, todos los jueces resuelven las cuestiones de constitucionalidad en las acciones ordinarias con efectos inter partes, pero en ciertas acciones especiales, generalmente reservadas a ciertos órganos (Presidente, Fiscal General) van directamente al Tribunal Constitucional cuya sentencia será erga omnes. O bien el Tribunal conoce por apelación en los aspectos constitucionales de los casos comunes pero es primera instancia en las acciones generales de inconstitucionalidad.
  • No judiciales: En algunos países la desconfianza por la judicatura (conservadora, no electa popularmente) ha hecho que se entregue el control de constitucionalidad a otros entes. Veamos:
    • Poder Legislativo: Es el mismo Parlamento quien controla , o él a través de un órgano suyo . Se trata principalmente de naciones que sostienen la doctrina del “centralismo democrático” donde el órgano más representativo del pueblo (Poder Legislativo) es quien concentra mayor poder, prevaleciendo sobre los demás.
    • Poder Ejecutivo: normalmente el Ejecutivo puede vetar cuando considera que una ley sancionada es inconstitucional, este es el control de constitucionalidad propio suyo. Pero también ha existido algún sistema donde era el Ejecutivo el órgano de control frente al cuestionamiento .

Electorado: se han estructurado algunos sistemas bajo la idea de la democracia directa en los cuales es el pueblo quien decide si determinada norma coincide o no .

Importancia del control de la constitucionalidad

Podemos deducir su importancia de lo que es una constitución.La constitución de un país es un texto en donde se encuentran establecidos las normas fundamentales que rigen un estado, los principios y los mecanismos de organización de un Estado; los derechos y deberes de los ciudadanos, los límites del poder del estado, los principios que rigen al hombre, los derechos humanos. Todas estas normas son esenciales para que la sociedad se pueda llevar a cabo por lo tanto es de gran importancia asegurar que se cumpla con las normas constitucionales de otro modo no habría organización.

Control difuso de la constitucionalidad

Control difuso de la constitucionalidad se puede definir como aquella facultad que tienen los jueces para no aplicar, aun de oficio, una norma que consideren contraria a la Constitución. Este control se encuentra establecido en el artículo 334 de la CRBV.

Artículo 334. Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de esta Constitución. En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aun de oficio, decidir lo conducente. Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de esta Constitución o que tengan rango de ley, cuando colidan con aquella.

Efectos de la sentencia
Se refieren a las consecuencias que se producen por el hecho de la dictación de una resolución judicial. Estas, según el caso, se producen en relación con el tribunal que la pronunció o respecto de los litigantes.

Desistimiento
Es el efecto que producen las sentencias, en virtud del cual una vez notificada, generalmente, al menos a una de las partes, no pueden ser modificadas o alteradas de manera alguna por el tribunal que las dictó.
En otros términos, este efecto produce la extinción de la competencia para conocer de la cuestión debatida. No obstante, no impide al tribunal continuar actuando en el proceso para diligencias posteriores como, por ejemplo, sobre la ejecución de la sentencia o sobre los recursos interpuestos.

Cosa juzgada
Artículo principal: Cosa juzgada
Es el efecto de una sentencia judicial cuando no existen contra ella medios de impugnación que permitan modificarla. Ella se traduce en el respeto y subordinación a lo realizado y señalado en un juicio, por ello también se le define como la fuerza que atribuye el derecho a los resultados del proceso.
Impide volver a discutir entre las mismas personas, una misma materia, invocando idénticas razones, es decir, protege a las partes litigantes de la realización de un nuevo juicio y una nueva sentencia. Además, permite cumplir coactivamente el derecho reconocido o declarado en el juicio.

Declaración del derecho
Esta consecuencia se relaciona con la clasificación de las sentencias en constitutivas o declarativas.
En virtud de ésta, las resoluciones judiciales pueden constituir nuevos estados jurídicos, atribuir o habilitar para ejercitar nuevos derechos, con efecto hacia el futuro y de caracteres generales (erga omnes); o limitarse a reconocer derechos preexistentes, con efecto retroactivo y, habitualmente, relativos (afecta sólo a las partes litigantes).

Control por omisión de los órganos del poder público (Art. 336 Ord. 7 CRBV)

Dentro del control de la constitucionalidad de las leyes por omisión, que es una institución novedosa en materia de justicia constitucional, se encuentra la competencia que le atribuye el artículo 336 de la Carta Magna a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

La competencia es para declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del poder legislativo municipal, estadal o nacional, cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución, o las haya dictado en forma incompleta y establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su corrección.

Control Concentrado de la Constitución

Es aquel que le confiere la facultad a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley, cuando coliden con aquélla. (Control concentrado.  Art. 336 CRBV).

Artículo 336. Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: 1. Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de la Asamblea Nacional, que colidan con esta Constitución. 2. Declarar la nulidad total o parcial de las Constituciones y leyes estadales, de las ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes de los Estados y Municipios dictados en ejecución directa e inmediata de esta Constitución y que colidan con ella. 3. Declarar la nulidad total o parcial de los actos con rango de ley dictados por el Ejecutivo Nacional, que colidan con esta Constitución. 4. Declarar la nulidad total o parcial de los actos en ejecución directa e inmediata de esta Constitución, dictados por cualquier otro órgano estatal en ejercicio del Poder Público, cuando colidan con ésta. 5. Verificar, a solicitud del Presidente o Presidenta de la República o de la Asamblea Nacional, la conformidad con esta Constitución de los tratados internacionales suscritos por la República, antes de su ratificación. 6. Revisar en todo caso, aun de oficio, la constitucionalidad de los decretos que declaren estados de excepción dictados por el Presidente o Presidenta de la República. 7. Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del poder legislativo municipal, estadal o nacional cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de esta Constitución, o las haya dictado en forma incompleta; y establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su corrección. 8. Resolver las colisiones que existan entre diversas disposiciones legales y declarar cuál debe prevalecer. 9. Dirimir las controversias constitucionales que se susciten entre cualesquiera de los órganos del Poder Público. 10. Revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva. 11. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley.

Interpretación constitucional

La interpretación de las normas jurídicas implica otorgarles un sentido. En el caso de la Constitución, su interpretación adquiere especial importancia pues a través de ella se busca dar un sentido a las normas fundamentales que organizan la convivencia política de un país. Además, dada su peculiar característica de norma suprema del ordenamiento jurídico, de su interpretación depende la vigencia de las demás normas, las cuales pueden quedar expulsadas de aquel ordenamiento debido a su inconstitucionalidad.

Principios de interpretación constitucional

Se trata de la labor hermenéutica que tiene por finalidad encontrar un sentido a las normas contenidas en la Constitución. Para tal efecto se han esbozado en el derecho constitucional determinados principios que orientan la labor del intérprete de las normasconstitucionales. Entre estos tenemos:

a. PRINCIPIO DE LA UNIDAD DE LA CONSTITUCIÓN

El intérprete de la Constitución debe comprender que ‘ésta contiene un conjunto de normas que han de ser correlacionadas o coordinadas entre sí. En otras palabras, la Constitución debe entenderse de modo integral y no como formada por compartimientos estancos. Por los tanto, el análisis de cada disposición constitucional debe efectuarse tomando en consideración las demás normas contenidas en la Constitución. De la forma en que sea interpretada una norma constitucional se puede originar la variación en otras del sentido de las instituciones por ellas reconocidas.

b. PRINCIPIO DE LA CONCORDANCIA PRÁCTICA

La unidad antes mencionada remite a la necesidad de coherencia, o en otros términos, a la falta de contradicciones entre las distintas normas que integran el sistema constitucional, a lo cual se denomina concordancia práctica. Desde esta perspectiva, los bienes jurídicos constitucionalmente protegidos deben ser compatibilizados en la solución de los problemas interpretativos, de manera que cada uno conserve su identidad

.c. PRINCIPIO DE LAEFICACIAINTEGRADORA

Si la norma constitucional promueve la formación y mantenimiento de una determinada unidad política, su interpretación debe dirigirse a potenciar las soluciones que refuercen dicha unidad. Como se aprecia, este principio se enmarca dentro de la concepción de la Constitución como una norma política.

d. PRINCIPIO DE LA CORRECIÓN FUNCIONAL

La interpretación que se efectúe no debe interferir en el ámbito de las funciones asignadas por la Constitución a diferentes órganos del Estado. En este sentido, el intérprete se ve obligado a respetar el marco de distribución de funciones estatales consagradas por la Constitución.

e. PRINCIPIO DE LA EFICACIA O EFECTIVIDAD

El intérprete debe encauzar su actividad hacia aquellas opciones hermenéuticas que optimicen y maximicen la eficacia de las normas constitucionales, sin distorsionar su contenido y actualizándolas ante los cambios de la realidad.

Los métodos de interpretación constitucional.

Según Savigny, los principales métodos interpretativos son el gramatical, el lógico, el sistemático y el histórico también llamado causal-teológico.

a) Método gramatical Consiste en tomar en cuenta el significado de las palabras empleadas por el legislador en la redacción de la norma jurídica escrita. El método gramatical es el menos adecuado para lograr la interpretación hermenéutica del Derecho.Tratándose de la interpretación de la Constitución el aludido método no es el correctamente indicado para poder declarar o establecer el verdadero sentido de sus disposiciones, principalmente cuando éstas manifiestan alguna declaración fundamental de contenido político social, económico, o cultural que exprese el espíritu del ordenamiento supremo.

b) Método Lógico.

También suele denominarse conceptual, se basa, en las ideas que el contenido del precepto por interpretar involucra. El método lógico puede coincidir con el gramatical en cuanto que las palabras traduzcan los conceptos correctos que integren el contenido normativo, pero puede apartarse de él supuesto contrario, lo que sucede cuando el legislador no emplea el léxico adecuado para expresar la verdadera conceptuación de la norma jurídica. No se duda de la equivocidad de los vocablos, es decir, que éstos pueden transmitir ideas diferentes que se apartan del origen etimológico de los términos usados en la redacción e un precepto legal, Es precisamente en atención a esa equivocidad, como se impone la utilización del método lógico para interpretar las disposiciones constitucionales.

c) Método Sistemático

Este método estriba en relacionar diversos preceptos entre sí tomando en consideración que todos ellos toman un sistema normativo. Esa interrelación abre el camino para descubrir el sentido y alcance de las disposiciones objeto de la interpretación, demarcando, respecto de cada una de ellas, su ámbito regulador, para poder determinar cuáles proclaman reglas generales y cuáles establecen reglas de excepción, El método sistemático es el adecuado para poder disipar las aparentes contradicciones que pudieren ostentar dos o más preceptos integrantes de un mismo ordenamiento, con el objeto de concebir, a éste como un toso armónico y facilitar así su debida observancia en la realidad. La utilización del citado método interpretativo precave de los errores que comúnmente suelen cometerse al tomar en cuenta un solo precepto de un cierto ordenamiento jurídico sin relacionarlo con otros que componen su articulado, como si éstos no existieran El empleo del método sistemático reviste mayor importancia cuando se trata de la interpretación constitucional, pues el sentido y el alcance de las normas que integran la constitución , suele repercutir gravente en la realidad social y agravar su problemática, imposibilitando o, al menos, dificultando la implantación las soluciones para resolverla.

d) Método causal-teológico.

Este método que en la terminología de Savigny equivale al “histórico”, es el más idóneo para poder determinar el sentido, alcance y comprensión normativos de los preceptos constitucionales. La denominación de dicho método obedece a lo que los escolásticos llamaban la “causa final”, es decir, el conjunto de motivos inspiradores o determinantes de la conducta del hombre y el cúmulo de objetivos a los que ésta propende. Es en la causa final de todo ordenamiento jurídico donde descubrimos su verdadero y auténtico sentido normativo, que recoge en su contenido una gran variedad de factores sociales, económicos. políticos, y culturales de distinta índole, y adopta una diversidad de tendencias ideológicas de diferente tipo

La utilización del método causal-teológico. Obliga a inquirir sobre los motivos y los fines inspiradores de las disposiciones de la constitución Dicho método de interpretación constitucional consiste en la averiguación y determinación de todos factores, elementos, circunstancias, causas o fines, que en un momento dado de la vida de u pueblo hayan originado la proclamación de postulados o de principios básicos que forman el contexto esencial del ordenamiento esencial constitucional. El método al que nos referimos debe de emplearse para responder a las preguntas del por qué y del para qué de cualquier disposición de la constitución y también debe de utilizarse para acoplar las disposiciones constitucionales, a su contenido esencial, a los cambios que se operen en la diversificada realidad vital del pueblo, procurando evadir la necesidad de modificar constantemente las disposiciones de la Constitución . Es en éste aspecto en donde descubrimos la utilidad del método causal-teológico, pus si a través de él se determina el espíritu sustancial de un conjunto de normas constitucionales, éstas, sin requerir ninguna enmienda, pueden conservar su vigencia positiva dentro del marco donde incidan las transformaciones sociales, económicas, culturales o políticas, de la colectividad.

Recurso de interpretación constitucional:

Origen:

Es del Contencioso Administrativo Francés, en razón de la prohibición que tienen las tribunales de ese país de revisar los actos administrativo de una cuestión prejudicial. El juez ordinario remite a la jurisdicción contencioso administrativa para se determine el alcance .Hoy día se ha extendido a las normas de rango legal. Es un recurso directo de interpretación, ante una situación de incertidumbre relativa a un acto, contrato o reglamento se puede solicitar su interpretación.

Efecto:

La sentencia que dicte la jurisdicción contencioso administrativa es parecido a la mero- declarativa. Es vinculante para el juez civil, salvo que el recurso sea rechazado. Inter partes y otro erga omnes.

Objeto jurisprudencial:

Se contrae a solicitar una declaración al órgano judicial acerca de las interpretaciones en los actos que se dicten en aplicación de la ley, las propias normas para precisar su extensión, sentido y alcance, aclarar cualquier duda que deriven de los mismo.

Finalidad:

Resolver cuestiones de hermenéutica jurídica sin entrar a conocer o decidir sobre un caso concreto. Es la solución de dudas que se presenten al alcance, inteligencia sentido y aplicación en las normas contenidas en la ley o significado de una disposión legal.

Legitimación:

El recurrente debía tener un interés, vinculado con una afectación en su esfera jurídica. El estudio concreto dependiendo de la regulación que cada ley disponga, un interés jurídico actual que viene dado por la existencia de caso concreto que plantea la duda o incertidumbre. Requisitos de admisibilidad: 1) Al rango legal- ley formal de la norma cuya interpretación se solicita (aunque el texto que la contiene no prevea expresamente la procedencia del recurso de interpretación). 2) La vinculación del recurso con un caso concreto, tanto a los efectos de verificar la legitimación como la existencia de una duda objetiva. 3) El carácter subsidiario del recurso.4) Que no haya habido pronunciamiento al respecto.

Competencia:

Con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Político- Administrativa ha reiterado su criterio en cuanto a la afinidad de la materia.

Recurso de interpretación constitucional:

Era de la Sala Político- Administrativa el que no era admisible la pretensión autónoma de interpretación de la constitución. No había ninguna norma que facultara ni por vía de consulta ni por vía de interpretación. Fue creado por la Sala Constitucional en la sentencia Nº 1077 del 22-09-00, caso Servio Tulio.

Decisiones jurisprudenciales

Son decisiones o criterios tomados por los órganos jurisdiccionales de alto nivel jerárquico que crean jurisprudencia, es decir, aquellas que perduran, son reiteradas y constantes.

 Importancia

Las decisiones jurisprudenciales son importantes porque crean jurisprudencia la cual es una fuente del derecho. Especialmente si es legalmente vinculante, es fundamental para la existencia del Estado de Derecho porque da seguridad jurídica y porque, además orientan la actuación de los órganos jurisdiccionales y autoridades administrativas, definen las normas “el que debe de entenderse” o lo que el espíritu del legislador quiso decir y así mismo dan más certeza jurídica.

 

 

 

 

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