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Supremacia constitucional. Derecho constitucional general (Cont 3)

Supremacía Constitucional
La Supremacía Constitucional es un principio teórico del Derecho constitucional que postula, originalmente, ubicar a la Constitución de un país jerárquicamente por encima de todo el ordenamiento jurídico de ese país, considerándola como Ley Suprema del Estado y fundamento del sistema jurídico. Según cada país los tratados internacionales ratificados por el país gozan de igual rango (rango constitucional) o superior a las leyes e inferior a la constitución.
La Supremacía de la constitución tiene su base legal en el Art.7 La constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a esta constitución.
Tipos de supremacía constitucional
Jerárquica: Esta es la supremacía jerárquica de la Constitución pues es un orden de prelación o de fuerza de la que van derivando el resto de las leyes y ninguna puede ser contraria a la constitución.
LA Supremacía Jerárquica está basada en el orden jerárquico que le da la pirámide de
Kelsen al ordenamiento jurídico de un Estado o nación.
Esta es la que le da el grado de superioridad a la norma constitucional otorgándole subordinación a toda aquella ley que no sea la constitución.
Lógico- deductiva: Este tipo de supremacía expone las leyes a modos y formas de razonamiento humano conforme a las reglas de la lógica y de la razón, partiendo de principios universales para su ejecución.
Teleológica: Este tipo de supremacía es la que va a ir por encima del ordenamiento jurídico y sobre las decisiones que puedan tomar los órganos de la administración pública o administración de justicia, para que sea aplicada íntegramente la Constitución nacional con el fin de alcanzar las metas del Estado.
Axiológica: Es un sistema o especie de ciencia que va a medir la importancia o valores que tienen las personas dentro de la sociedad, y es lo que se da por el apego que deben tener las decisiones, o las leyes que sean creadas o se puedan crear dentro del Estado, incluso la suscripción de tratados internacionales.
Esto quiere decir que lo establecido en la Constitución en los artículos del 2 al 18 y en el Preámbulo de la misma son los valores supremos de la Constitución. Ninguna decisión puede estar por encima de estos valores.
Supremacía formal
Es la que tribuye a determinados órganos la competencia de producción normativa, y se encuentra sobre la base de relaciones de jerarquía, así como también establece procedimientos básicos para el ejercicio de la competencia; se divide en tres aspectos a.- Rigidez. b.- Establece un proceso legislativo para la creación de leyes. c.- Promulgación solemne de la Constitución sobre sus principios. Deriva del carácter de rigidez de la Constitución ya que es fruto de la voluntad suprema extraordinaria y directa del poder constituyente el cual expresa esa voluntad mediante procedimientos especiales que difieren a los de la ley ordinaria. La modificación de sus normas exige procedimientos especiales.
Supremacía material
La Constitución es formal al ser una ley que, a diferencia de otras, fundamenta y ordena la validez de todo un sistema jurídico, estableciendo un procedimiento dificultoso para su reforma, así como los criterios para la creación de otras normas. Y en otro sentido es material, ya que en la Constitución se concentran los valores y principios fundamentales que rigen a una organización político-social, los cuales solventan las necesidades vitales de justicia de sus integrantes.
Orden Jerárquico del Ordenamiento Jurídico
Orden Jerárquico.
La palabra Orden tiene varios significados, pero el más importante viene de colocar cada cosa en su lugar de acuerdo a una jerarquía lógica. En este sentido, el Orden Jerárquico implica dar una estructuración de acuerdo a la importancia de cada elemento. Es decir, siempre en primer lugar de ese Orden Jerárquico va a estar aquel elemento que es de total relevancia para la continuación del mismo.
Orden Jerárquico del Ordenamiento Jurídico.
Establecidos ambos conceptos por separado, para poder determinar al Orden Jerárquico del Ordenamiento Jurídico como a la Organización de el Sistema Jurídico de un Estado partiendo de la Norma Máxima o Suprema, a partir de la cual se van a regir el resto de las Normas.
En el caso del Sistema Jurídico Venezolano, en el Ordenamiento Jurídico, el Orden Jerárquico viene encabezado por la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela; que al ser la Norma Suprema, ninguna otra ley puede tener mayor Jerarquía que la misma (sólo en caso de tratados de Derechos
Humanos donde resulten más favorables que los establecidos en ella Artículo 23 de Constitución de la república Bolivariana de Venezuela).
La Jerarquía de nuestra Constitución se encuentra reflejada dentro del Articulado constitucional, específicamente en el Artículo 7: “La Constitución es la Norma Suprema y el fundamento del Ordenamiento Jurídico. Todas las personas y los Órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a estas Constitución” (Principio de Supremacía Constitucional). Este artículo establece claramente que sobre la Constitución no hay ninguna Ley; y que cualquier ley que sea creada, debe respetar su contexto, de manera tal que cualquier Ley que colide con ella será Nula.
Pero el Orden Jerárquico, no es un invento del Estado Venezolano. Esta estructura o Sistema Jurídico fue concebido por el Jurista, Político y Filósofo del Derecho Austriaco Hans Kelsen.
Kelsen llamado también el fundador de la Teoría Pura del Derecho de acuerdo a la concepción piramidal del Derecho pretendía dar un carácter de ciencia a la misma.Sobre el particular, tenemos que decir que “piramidarizar” el derecho es una forma de hacer ciencia en el sentido de categorizar las normas desde un estado superior a otro inferior, esto pasa también por ejemplo en la biología, la taxonomía es una forma de hacer ciencia en la misma, pero es insuficiente para proclamarla como ciencia: es decir, remitiéndonos solo a esta categorización tendríamos que ver también los aspectos políticos, muy ligados al derecho, pues no existe lo uno sin lo otro.
Jerarquía: Organización o clasificación de categorías o poderes, siguiendo un orden de importancia
Subordinación: Dependencia de una persona o una cosa respecto de otra o de otras, por las que está regida o a las que está sometida: en el trabajo hay siempre una subordinación de los empleados respecto a su jefe.
La pirámide de Kelsen

Leyes Orgánicas
Una Ley Orgánica es aquella que se requiere constitucionalmente para regular ciertas materias. Se oponen o distinguen de la ley ordinaria a nivel de competencias. Habitualmente para la aprobación de leyes orgánicas son necesarios requisitos extraordinarios como por ejemplo, mayoría absoluta o cualificada.
En los países en donde existe este escalón intermedio entre la Leyes ordinarias o comunes y la Constitución, es normal que se limite la aplicación de las leyes orgánicas a una serie de materias concretas (a este también se le denomina “reserva de Ley orgánica”). El fundamento de esta limitación es doble:
• Obligar a la regulación con amplia mayoría parlamentaria de ciertas materias muy sensibles.
• Evitar esa regulación, que es mucho más difícil de modificar, en otro tipo de materias más cambiantes y que necesitan de mayor flexibilidad en su regulación.
En Derecho comparado, el antecedente jurídico más inmediato de las leyes orgánicas se encuentra en el Derecho francés, en particular en la Constitución francesa de 1958, que estableció un escalón intermedio entre la norma constitucional y las leyes ordinarias.
Se conoce como Ley Orgánica a la ley que se necesita desde el punto de vista constitucional para regular algún aspecto de la vida social. Las leyes orgánicas tienen una competencia diferente a las leyes ordinarias y requieren de algunos requisitos extraordinarios, como la mayoría absoluta a la hora de su aprobación.
Su origen se remonta a la Constitución Francesa de 1958. Aunque depende de cada legislación nacional, suele considerarse a las leyes orgánicas como un nexo o etapa intermedia entre las leyes ordinarias y la Constitución. Las características particulares de las leyes orgánicas exigen la amplia mayoría parlamentaria (por tratarse de temas muy sensibles para la sociedad) y la mayor rigidez en la regulación (las leyes orgánicas no pueden modificarse con facilidad o por voluntad de un gobernante). Básicamente las Leyes Orgánicas desarrollan, amplían y regulan por el cumplimiento y aplicación de los Preceptos Constitucionales establecidos en la Norma Suprema de cada Estado, tales como Educación, Trabajo, Salud, Alimentación, Participación Ciudadana, entre otros.
Algunas de las Leyes Orgánicas que podemos nombrar dentro del Sistema Jurídico Venezolano; son: Ley Orgánica de Educación, Ley Orgánica del Trabajo, Ley Orgánica de Protección al Niño Niña y Adolescente, entre otras.
4.1.- Base Legal de las Leyes Orgánicas en el Ordenamiento Jurídico Venezolano.
Artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (Primer aparte)
“Son leyes orgánicas las que así denomina esta Constitución; las que se dicten para organizar los Poderes Públicos o para desarrollar los Derechos Constitucionales y las que sirvan de marco normativo de otras leyes…”
4.2.- Procedimiento para la Aprobación de una Ley Orgánica en el Ordenamiento Jurídico Venezolano.
Artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (segundo y tercer aparte),
“… Todo proyecto de Ley Orgánica, salvo aquel que esta Constitución califique como tal, será previamente admitido por la Asamblea Nacional, por el voto de las dos terceras partes de los o las integrantes presentes antes de iniciarse la discusión del respectivo proyecto de ley. Esta votación calificada se aplicará también para la modificación de las leyes Orgánicas.
Las Leyes que la Asamblea Nacional haya calificado de Orgánicas serán remitidas antes de su promulgación a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que pronuncie acerca de la Constitucional del Carácter Orgánico. La Sala Constitucional decidirá en el término de diez días contados a partir de la fecha de recibo de la comunicación…”
4.3.- Iniciativa Legislativa para las Leyes Orgánicas en el Ordenamiento Jurídico Venezolano.
Artículo 204 de la constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela (Numerales 1, 2, 3 y 5).
“La iniciativa de las Leyes corresponde:
1° Al Poder Ejecutivo Nacional
2° A la Comisión Delegada y a las Comisiones Permanentes.
3° A los y las Integrantes de la Asamblea Nacional, en un número no menor de tres.
5° Al Poder Ciudadano, cuando se trate de leyes relativas a los Órganos que lo Integran….”

La Ley ordinaria
Es la norma de rango legal que constituye, generalmente, el segundo escalón en la jerarquía jurídica de las leyes de un Estado, tras la Constitución y paralelamente a las leyes orgánicas u otras equivalentes (que suelen poseer requisitos extraordinarios para su aprobación y versan sobre materias especiales), de mismo rango jerárquico y distintas a nivel competencial óptico.
Su aprobación corresponde al Congreso o Parlamento, normalmente, por mayoría simple. En los sistemas democráticos los miembros del parlamento o congreso son elegidos por sufragio universal. La aprobación de las leyes se puede realizar por votación en el pleno de la cámara, o por alguna de las comisiones legislativas que puede tener. Ley Ordinaria es la ley común o civil en cuanto no es ni privilegiada en relación con una persona ni para un Estado. Podemos decir que son los Actos sancionados por las Cámaras como Cuerpos Colegisladores. Ocupan el tercer escaño en importancia dentro de la construcción piramidal del Derecho.
5.1.- Base Legal de las Leyes Ordinarias en el Ordenamiento Jurídico Venezolano.
Artículo 202 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
“La ley es el acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador. Las Leyes que reúnan sistemáticamente las normas relativas a determinada materia se podrán denominar códigos”.
Algunas son:
Ley Habilitante
LEY PENAL DEL AMBIENTE
Decreto – Ley
Un decreto ley, en general, es una norma con rango de ley, emanada del poder ejecutivo, sin que medie intervención o autorización previa de un Congreso o Parlamento.1
Este tipo de norma puede estar contemplada en el propio ordenamiento jurídico para ser dictada en determinados casos, en virtud de razones de urgencia —que impiden, por ejemplo, obtener la autorización para un decreto legislativo o la dictación de una ley propiamente tal—, aunque requieren de convalidación por parte del poder legislativo, habitualmente en un plazo breve. En los países cuya forma de gobierno es la monarquía parlamentaria esta norma se denomina Real Decreto Ley, debido a que la norma reglamentaria de mayor rango emitido por el poder ejecutivo en esos sistemas recibe el nombre de Real decreto; así ocurre, por ejemplo en España.
Igualmente, se denomina decreto ley a las normas con rango legal, dictadas por un gobierno de facto.
Llamado también Decreto Ley, se trata de un tipo de acto administrativo, generalmente procedente del Poder Ejecutivo, el cual detenta un contenido normativo reglamentario por lo cual su rango es jerárquicamente inferior a las leyes. Ejemplo de esto es claramente identificado el la Llamada Ley Habilitante.
6.1.- Base Legal de los Decretos – Ley en el Ordenamiento Jurídico Venezolano.
Artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (Último aparte)
“Son leyes habilitantes las sancionadas por la Asamblea Nacional por las tres quintas partes de sus integrantes, a fin de establecer las directrices, propósitos y marco de las materias que se delegan del Presidente o Presidenta de la República, con rango y valor de ley. Las leyes habilitantes deben fijar el plazo de su ejercicio.”
Artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (Numeral 8°)
“Son atribuciones del Presidente o Presidenta de la República:…
8° Dictar, previa autorización por una ley habilitante, decretos con fuerza de ley…”

Reglamento
Un reglamento es una norma jurídica de carácter general dictada por la Administración pública y con valor subordinado a la Ley.
La aprobación corresponde tradicionalmente al Poder Ejecutivo, aunque los ordenamientos jurídicos actuales reconocen potestad reglamentaria a otros órganos del Estado.
Por lo tanto, según la mayoría de la doctrina jurídica, se trata de una de las fuentes del Derecho, formando pues parte del ordenamiento jurídico. La titularidad de la potestad reglamentaria viene recogida en la Constitución Española. También se le conoce como reglamento a la colección ordenada de reglas o preceptos.
Los reglamentos son la consecuencia de las competencias propias que el ordenamiento jurídico concede a la Administración, mientras que las disposiciones del poder ejecutivo con fuerza de Ley (Decreto ley) tiene un carácter excepcional y suponen una verdadera sustitución del poder legislativo ordinario.
La finalidad del reglamento es facilitar la aplicación de la ley, detallándola, y operando como instrumentos idóneos para llevar a efecto su contenido. Los reglamentos son reglas, y solo tendrán vida y sentido de derecho, en tanto se deriven de una norma legal a la que reglamentan en la esfera administrativa. Ejemplo del mismo, podemos mencionar el Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación.
7.1.- Base Legal de los Reglamentos en el Ordenamiento Jurídico Venezolano.
Artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (Numeral 10°)
“Son atribuciones del Presidente o Presidenta de la República:…
10° Reglamentar total o parcialmente las leyes, sin alterar su espíritu, propósito y razón…”
Algunos reglamentos son
-REGLAMENTO INTERNO NACIONAL DE HONORARIOS MINIMOS
-REGLAMENTO DE LA LEY SOBRE PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL
-REGLAMENTO QUE REGULA LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE NACIMIENTOS
-REGLAMENTO DE INTERCONEXÍON
REGLAMENTO DE LA LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Acto de Gobierno
Los Actos de Gobierno, son dictados por el Presidente de la República en ejercicio sólo de atribuciones constitucionales, razón por la cual no pueden estar regulados o limitados por la Asamblea Nacional mediante leyes. Tienen el mismo rango que la ley, y por ello, el control judicial sobre ellos es un control de constitucionalidad.
El concepto de “acto de gobierno” o “acto público” nace en el Derecho francés durante la etapa de la restauración Borbónica; a los gobernantes le permite excluir del recurso por exceso de poder los actos de la Administración y fundamentalmente del Gobierno, que aparecieran inspirados en un “móvil político”, calificándolos como actos judicialmente inatacables.
En general los actos de Gobierno son aquellos que el Gobierno puede hacer sin necesidad no de contar con la aprobación del Parlamento.
Por ejemplo, para construir una carretera. Lo decide el Gobierno y ya está.
Los Actos parlamentarios son los que salen del Parlamento. Basicamente las leyes., Los presupuestos: La cifra anual con la que cuenta el Gobierno para hacer entre otras cosas las carreteras.
Una ley, la puede proponer el gobierno o la oposición.
Se discute en el parlamento y si tiene más votos a favor que encontra se aprueba. Eso es un acto parlamentario.
Decretos Ordinarios
Los Decretos, sin más, son emanados del Respectivo Ministerio o Ministerios que lo haya confeccionado. En ningún caso tienen que ser aprobados por las Cortes, pero si pueden ser considerados inconstitucionales por cualquier elector, por lo que puede poner recurso de inconstitucionalidad, y entonces el Tribunal Supremo de Justicia ha de decidir si son o no constitucionales y aplicables.
Un decreto es un tipo de acto administrativo emanado habitualmente del poder ejecutivo y que, generalmente, posee un contenido normativo reglamentario, por lo que su rango es jerárquicamente inferior a las leyes.
Esta regla general tiene sus excepciones en casi todas las legislaciones, normalmente para situaciones de urgente necesidad, y algunas otras específicamente tasadas.
Tratados
Del latín tractatus, un tratado es la conclusión de una negociación, materia o negocio, tras haberse debatido y conferido. La noción de tratado se utiliza para nombrar al documento en que consta dicha conclusión y, en una sentido más amplio, al escrito o discurso sobre una materia determinada.
Un Tratado Internacional es aquel que suscriben sujetos de derecho internacional y que puede constar en uno o varios instrumentos jurídicos conexos. Esta herramienta suele utilizarse para fijar límites territoriales o poner fin a un enfrentamiento bélico.
Uno de los tratados más famosos es el Tratado de Versalles, que se firmó en 1919 al finalizar la Primera Guerra Mundial. Una de sus principales consecuencias fue la imposición a Alemania y sus aliados de aceptar la responsabilidad material de la guerra.
Un tratado internacional es un acuerdo escrito entre ciertos sujetos de Derecho internacional y que se encuentra regido por este, que puede constar de uno o varios instrumentos jurídicos conexos, y siendo indiferente su denominación. Como acuerdo implica siempre que sean, como mínimo, dos personas jurídicas internacionales quienes concluyan un tratado internacional. Por ejemplo los gobernantes de cada país se reúnen para ponerse de acuerdo con sus límites de países para no tener problemas con sus territorios.
Lo más común es que tales acuerdos se realicen entre Estados, aunque pueden celebrarse entre Estados y organizaciones internacionales. Los primeros están regulados por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969; los segundos, por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados celebrados entre Estados y Organizaciones Internacionales de 1986.
Los acuerdos entre empresas públicas de un Estado y Estados no son tratados internacionales. La Corte Internacional de Justicia tuvo la oportunidad de pronunciarse acerca de esta cuestión en el caso “Anglo-Iranian Oil” (1952). Irán había firmado un acuerdo con la empresa “Anglo-Iranian Oil” para la explotación de los recursos petrolíferos. Este acuerdo tenía dos caras: era un acuerdo de concesión y al mismo tiempo tenía la naturaleza de un Tratado entre Irán y el Reino Unido. Esta tesis no fue aceptada por la Corte Internacional de Justicia porque los Tratados internacionales solo pueden tener lugar entre estados y porque los acuerdos con empresas se rigen por las normas del Derecho internacional privado.
Los Tratados internacionales deben realizarse por escrito aunque pueden ser verbales. En este último caso no se regirían por la Convención de Viena de 1969.
Su denominación es indiferente pues, si se dan las condiciones anteriores, nos encontramos ante un Tratado internacional independientemente del nombre que reciba.

Sentencia
Sentencia, del latín sententia, es un dictamen que alguien tiene o sigue. El término es utilizado para hacer referencia a la declaración de un juicio y a la resolución de un juez. En este sentido, una sentencia es una resolución judicial que pone fin a un litigio.
La sentencia judicial, por lo tanto, reconoce la razón o el derecho de una de las partes. En el marco del derecho penal, la sentencia absuelve o condena al acusado. Si la sentencia es una condena, estipula la pena correspondiente al delito en cuestión.
La sentencia consta de una parte expositiva (donde se mencionan las partes que intervienen, sus abogados, los antecedentes, entre otras.), una parte considerativa (que expresa los fundamentos de hecho y de derecho) y una parte resolutiva (la propia decisión del juez o tribunal).
Existen diversas clasificaciones de las sentencias. Una sentencia absolutoria es aquella que da la razón al acusado o demandado. La sentencia condenatoria, en cambio, acoge las pretensiones del demandante o acusador.
La sentencia puede ser firme (no cabe la interposición de ningún recurso), recurrible (es posible la interposición de recursos) o inhibitoria (no resuelve el litigio por problemas con los requisitos del proceso).
La sentencia es una resolución judicial dictada por un juez o tribunal que pone fin a la litis (civil, de familia, mercantil, laboral, contencioso-administrativo, etc.) o causa penal.
La sentencia declara o reconoce el derecho o razón de una de las partes, obligando a la otra a pasar por tal declaración y cumplirla. En derecho penal, la sentencia absuelve o condena al acusado, imponiéndole la pena correspondiente.
Sergio Alfaro la define así:
Acto judicial que resuelve heterocompositivamente el litigio ya procesado, mediante la aceptación que el juez hace de alguna de las encontradas posiciones mantenidas por los antagonistas luego de evaluar los medios confirmatorios de las afirmaciones efectuadas por el actor y de la aplicación particularizada al caso de una norma jurídica que preexiste en abstracto, con carácter general.1
Orden jerárquico conforme a la constitución de la república bolivariana de Venezuela
Jurisprudencia dela sala constitucional
Tratados internacionales sobre los derechos humanos
Las políticas públicas desplegadas por el Estado venezolano, desde 1999, se orientan a garantizar los derechos humanos y lograr la inclusión plena de los venezolanos y las venezolanas, haciendo posible su realización y disfrute de manera integral y, especialmente, los derechos colectivos económicos, sociales y culturales.
El Título III del Texto Fundamental desarrolla el articulado de derechos consagrados para la construcción del nuevo modelo de nación, basado en el respeto de los derechos humanos. El artículo 19, garantiza el respeto de los derechos humanos conforme al principio de progresividad y sin discriminación, siendo obligatoria para los órganos del Poder Público, de conformidad con la Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República.
En Venezuela el artículo 23 de la constitución establece: “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”.
Instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado venezolano:
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966
Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49 Lista de los Estados que han ratificado el pacto
Declaraciones y reservas (en inglés)
Preámbulo
Los Estados Partes en el presente Pacto,
Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables,
Reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona humana,
Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre en el disfrute de las libertades civiles y políticas y liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales y culturales,
Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos,
Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros individuos y de la comunidad a que pertenece, tiene la obligación de esforzarse por la consecución y la observancia de los derechos reconocidos en este Pacto,
Derecho supranacional comunitario
Principios constitucionales
TÍTULO I
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
Artículo 1: “La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional, en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador.
Son derechos irrenunciables de la Nación: la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional”.
En este primer artículo se establecen una serie de derechos que parecen olvidar los oposicionistas al Gobierno Nacional, quienes claman públicamente por la intervención extranjera y sostienen que preferirían tener como Presidente a un General de una fuerza invasora, en lugar del Presidente que la mayoría de los venezolanos hemos electo. Se transforman en traidores a su propio país y en caso de presentarse la situación que tanto desean seguramente colaborarían con los enemigos de la patria como sucedió recientemente en Libia, con los resultados que aún están por verse para ese país norteafricano.
Artículo 2: “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.
En este artículo debemos destacar la tan denostada solidaridad que ejerce el Estado venezolano con los connacionales y con otros países (Latinoamericanos e incluso con los Estados Unidos de América) que por cualquier motivo necesiten la colaboración del Estado venezolano. La tan atacada colaboración que se ha realizado con los países latinoamericanos en materia petrolera, permitiéndole la cancelación de la factura de combustibles de manera que no afecte en demasía su economía, olvidando que durante más de un siglo habíamos subsidiado a la economía más poderosa del planeta, como lo es la estadounidense y la colaboración con ese país durante la Segunda Guerra Mundial y todos los conflictos bélicos donde se ha involucrado mediante el suministro de combustible a menos de cuatro dólares el barril hasta los años setenta del pasado siglo y en cantidades enormes para movilizar su economía y su maquinaria de guerra para sojuzgar a otros países. Igualmente hay que destacar que siempre se le da prioridad a los valores: vida, libertad, justicia, igualdad y democracia.
Artículo 3: “El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución.
La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines”.
En este artículo el Estado se compromete a defender y desarrollar la persona de todos los venezolanos, así como promover la prosperidad y bienestar del pueblo, utilizando, como lo expuso el Libertador ante el Congreso de Angostura en Febrero de 1919, las palancas de la educación y el trabajo. No se establece que sólo los privilegiados por la fortuna deben ser a quienes el Estado le asigne los recursos que debe distribuir equitativamente entre toda la población y que para cumplir con su deber de hacer justicia debe asignar mayor cantidad de recursos a quienes siempre han estado excluidos e invisibilizados durante toda la historia de nuestro país. Esto sólo se puede realizar mediante la recaudación de Impuestos a quienes producen y disfrutan de mayores riquezas, que nunca han cancelado lo que les corresponde aportar como ayuda al mantenimiento del Estado, al igual que sucede en su amado Estados Unidos de América y en todos los países del mundo, donde no existe la riqueza y renta petrolera de la cual disfrutamos en esta tierra.
Artículo 4: “La República Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentralizado en los términos consagrados en esta Constitución y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad”.
Este a mi parecer es uno de los artículos menos comprendido.
En primer lugar, el concepto de descentralización ha venido siendo interpretado como la atomización del territorio nacional. A pesar de que la responsabilidad de cada Gobernador o cada Alcalde sea para con quienes habitan el territorio bajo su responsabilidad, ello no quiere decir que puedan desvincularse de sus deberes para con la nación y las acciones de gobierno de su gobernación o alcaldía deben estar coordinadas con las del Ejecutivo nacional para mediante dicha armonía en los esfuerzos se puedan potenciar los resultados en beneficio de la población que es el principal objetivo de toda autoridad gubernamental. En ocasiones parecen no tener conciencia algunos gobernantes locales (sobre todo de oposición) en su rol de órgano ejecutivo de la administración pública.
En segunda instancia se olvida, a veces, el principio de integridad territorial y se han fundado partidos políticos que abogan por la independencia territorial (ya ha sucedido en el Estado Zulia).
En tercer término, se olvidan los principios de cooperación, solidaridad y concurrencia que deben producir un efecto coordinado, como ya se mencionó anteriormente entre los diversos niveles de la Administración pública (Nacional, Estadal o Regional y Municipal o Local) para enfrentar los diversos y generalmente muy complejos problemas que sin el concurso de los diferentes organismos gubernamentales serían muy difíciles de solventar. Esta interrelación es vital para que de una vez por todas podamos enfrentar y resolver tantos problemas que aquejan a nuestra patria.
Por último, el principio menos entendido por los venezolanos, quizás por ser novedoso en nuestra Constitución es el de la CORRESPONSABILIDAD, esto quiere decir que todos, absolutamente todos, debemos y tenemos la obligación de colaborar en la medida de nuestras posibilidades en la solución de los problemas que nos aquejan. Ese concepto de que sólo el Gobierno debe resolver los problemas debe ser desterrado de nuestras mentes, ya que la Constitución nos obliga a tomar en nuestras propias manos la solución de los problemas que nos atañen. La colaboración puede ejercerse mediante el aporte de ideas, la colaboración en facilitar la realización de una obra, el acopio de materiales, nuestro trabajo voluntario, en fin cualquier aporte que sirva para resolver el problema que tengamos nosotros o nuestra comunidad. Es imprescindible que entendamos que no se trata de una concesión graciosa de nuestra parte, sino un deber que nos impone la Constitución que todos debemos cumplir.
Artículo 5: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley e indirectamente mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”.
Este es otro de los principios que generalmente se olvida puesto que debe recordarse que la llamada “Potentia” o Poder originario reside exclusivamente en el pueblo y sólo lo ejercen como Poder delegado o “Potestas” quienes son electos por este mediante el sufragio universal. Este puede ser ejercido de una manera positiva en lo que ha llamado “Poder obedencial” o negativamente en el denominado “Poder fetichizado”. En el caso del Poder fetichizado se aprecia que luego de ser electo por sufragio universal el personaje se transforma en una especie de dictador y utiliza el poder delegado para esclavizar al otorgante de dicho poder y en lugar de servirlo como es su obligación aprovecha esta posición privilegiada que le ha sido conferida para su propio beneficio o el de sus allegados, instaurando un cerco a su alrededor para disfrutar de aquellos privilegios que proporciona el detentar el poder político para generalmente transformarlo en poder económico que a su vez le permite conservar y perpetuar el poder político. Se olvidan que este poder emana de la soberanía popular y que por tanto puede ser revocado en cualquier instante, si existen los mecanismos apropiados como en nuestra constitución.
Artículo 6: “”El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables”.
Este principio parece haberse olvidado en algunas de las gobernaciones y alcaldías, en especial las que se encuentran en manos del oposicionismo ya que persisten en creer que los intentos que desde el inicio de este gobierno de descentralizar la asignación de recursos para que las propias comunidades puedan realizar las obras más sentidas por ellos y no las que sean apreciadas por estos entes que en muchas ocasiones quieren imponer sus criterios según su conveniencia sobre los afectados directamente que siempre serán los habitantes de las respectivas poblaciones. Se ha probado que mediante la planificación, diseño y construcción de las propias comunidades de las obras que ellas necesitan además de lograrse un ahorro significativo de recursos económicos se amoldan mejor a lo requerido por estas y debido al concurso de la población directamente involucrada y a la corresponsabilidad anteriormente mencionada los trabajos quedan mejor realizados por la supervisión y control constante. Esto se ha visto recientemente con la ejecución del Plan de Viviendas, donde las obras se han efectuado bajo el comando de la comunidad, lográndose un ahorro de recursos de todo tipo, utilizando a la población de la misma zona e incrementando el número de viviendas construidas con el mismo financiamiento asignado.
Igualmente se olvida que la alternabilidad está íntimamente ligada a la elección de nuestros representantes y que de estar conformes con la dirección ejercida por un gobernante se puede y se debe reelegirlo hasta que este se aparte del esquema que se haya convenido y en este caso está la voluntad popular para revocarle el mandato, lo cual está plenamente previsto en esta magnífica Constitución.
Artículo 7: “La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”.
Este principio constitucional ha sido olvidado en varias ocasiones por la oposición venezolana, que siempre está buscando transitar por atajos para tratar de colocarse ilegítimamente en el poder, puesto que saben a ciencia cierta que por la vía electoral no tienen ninguna posibilidad de hacerlo. Por esta razón es que la población venezolana que acompaña al Presidente de la República en el deseo de cambiar definitivamente la situación que aún persiste en nuestro país tras varios siglos de desigualdad que afectan no sólo a las clases más desposeídas de la población venezolana sino también a la clase media que en muchas ocasiones se ve afectada por medidas tomadas de manera fraudulenta por quienes detentan el poder económico en la nación (los sectores financieros, de industriales y comerciantes, así como el sector importador) quienes cuando les parece conveniente a sus intereses exanguinan a la población utilizando cualquier medio lícito o ilícito. En varias ocasiones ha sido manifiesta la violación de los principios constitucionales: durante el golpe de estado del 11 de febrero del año 2002; durante el sabotaje y paro de finales de ese mismo año; con la aplicación de los llamados Créditos indexados y créditos balón para la adquisición de viviendas y vehículos. Igualmente mediante las estafas programadas por parte de los Constructores, Inmobiliarias y Entidades financieras coordinadas por las Cámaras de la Construcción a nivel nacional, en contra primordialmente de la clase media venezolana. También mediante la estafa programada en la venta de vehículos donde se combinan delincuencialmente: Ensambladoras e importadoras de vehículos, Concesionarios para su venta, con la finalidad de esquilmar a la clase media cuando desea adquirir este tipo de bien. En definitiva toda una sociedad de delincuentes que se escudan en la famosa frase: “Nosotros especulamos, pero damos empleo”. Luego se escapan hacia el exterior a disfrutar de los dineros mal habidos y a financiar la conspiración para tratar de volver al país bajo un manto de impunidad.
Artículo 8: “La bandera nacional con los colores amarillo, azul y rojo; el himno nacional Gloria al Bravo Pueblo y el Escudo de Armas de la República son los símbolos de la patria.
La ley regulará sus características, significados y usos”.
Este artículo constitucional también se ha olvidado en varias ocasiones, puesto que hemos visto desfilar a personas portando banderas con siete estrellas, luego de haber sido decretada la colocación de la octava estrella en homenaje a la Provincia de Guayana que tanto contribuyó en la etapa final de la Revolución independentista para la liberación de nuestra patria. De la misma manera hemos visto desfilar con banderas negras y otros adefesios para mostrar su antinacionalismo en als manifestaciones del oposicionismo proyanqui.
Artículo 9: “El idioma oficial es el castellano. Los idiomas indígenas también son de uso oficial para los pueblos indígenas y deben ser respetados en todo el territorio de la República, por constituir patrimonio cultural de la Nación y de la humanidad”.
Principio de de legalidad del poder publico
La legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental conforme al cual todo ejercicio del poder público debería estar sometido a la voluntad de la ley y de su jurisdicción y no a la voluntad de las personas . el Estado sometido a la constitución o al Imperio de la ley). Por esta razón se dice que el principio de legalidad establece la seguridad jurídica.
Se podría decir que el principio de legalidad es la regla de oro del Derecho público y en tal carácter actúa como parámetro para decir que un Estado es un Estado de Derecho, pues en él poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas.
En íntima conexión con este principio, la institución de la reserva de Ley obliga a regular la materia concreta con normas que posean rango de Ley, particularmente aquellas materias que tienen que ver la intervención del poder público en la esfera de derechos del individuo. Por lo tanto, son materias vedadas al reglamento y a la normativa emanada por el Poder Ejecutivo. La reserva de ley, al resguardar la afectación de derechos al Poder legislativo, refleja la doctrina liberal de la separación de poderes.
Esta relación entre el principio de legalidad y el de reserva de la ley esta generalmente establecida -en una democracia- en el llamado ordenamiento jurídico y recibe un tratamiento dogmático especial en el Derecho constitucional, el Derecho administrativo, el Derecho tributario y el Derecho penal.
Principio de separación de los órganos del poder publico
La Constitución, en su parte orgánica, establece cuales son los poderes públicos, y asimismo establece las competencias propias a cada uno de ellos. De allí pues, que el Estado venezolano a través de su Carta Fundamental plasma el Principio de la Separación de los Poderes.
Lo antes señalado encuentra su base constitucional en el artículo 136, el cual dispone: “(…) Cada una de las ramas de Poder Público tiene sus funciones propias… “.
Abordando un poco lo que es el Derecho Comparado, se debe mencionar que el Principio de separación de poderes, es la base del contencioso-administrativo en Francia que tiene su origen en la Ley de Separación, institucionalizada en el modelo francés y que data del año 1790, la cual consagraba que “Las funciones judiciales están y han de permanecer siempre separadas de la funciones administrativas. Los jueces no podrán bajo pena de prevaricación, perturbar de cualquier manera, las operaciones de los cuerpos administrativos, ni emplazar ante ellos a los administradores por razón de sus funciones”.
Algunos autores concuerdan en afirmar que fue Otto Mayer el primero que tuvo ocasión de abundar en la importancia que para el derecho administrativo posee el principio bajo análisis, según el citado autor, los pilares que lo sustentan son la idea de la moderación en el ejercicio del poder y de la separación de los poderes. Así, Mayer exaltaba la concepción estática de la división de poderes. Su función era la de disciplinar la actuación administrativa siguiendo el modelo, en lo posible, de las formas de actuaciones judiciales.
De todo lo anterior se tiene que en razón del principio de separación de poderes en Francia, fue que se fortaleció la administración y permitió el surgimiento del derecho administrativo.
Finalmente, puede decirse en relación con este principio que el mismo es un elemento característico y fundamental en los Estados de Derecho. Se refiere a la independencia que debe mantener cada uno de los poderes, como garantía del respeto debido a los derechos individuales y públicos.
Principio de colaboración funcional
El principio de cooperación, como también se le conoce, entre los diferentes órganos de poder público tiene como finalidad la consecución de los fines Estado, lo cual se traduce en la consecución del bien general o colectivo.
Este principio goza de rango Constitucional encontrándose consagrado en el último aparte del artículo 136 que dispone: “Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado”.
Encuentra el principio en comento su base legal en la Ley de la Administración Pública (2.001) en el artículo 24 de la manera siguiente: “La Administración Pública Nacional, la de los estados, la de los distritos metropolitanos y la de los municipios colaborarán entre sí y con las otras ramas de los poderes públicos en la realización de los fines del Estado”.
El autor Moya Millán, explica este principio exponiendo las siguientes consideraciones: Dado el sistema flexible de separación orgánica de poderes que la nueva Constitución establece en su artículo 136, conforme al cual todos los órganos del Poder Público colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado y el ejercicio de las funciones propias de los órganos de cada una de las ramas del Poder Público (Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral) no es exclusivo ni excluyente, pudiendo excepcionalmente haber, en dicho ejercicio, intercambio de funciones entre las distintas ramas del Poder Público. Hay sin embargo funciones que se ejercen por cada una de ellas en forma privativa, y en estos casos no puede haber interferencia, ya que habría entonces usurpación. De allí que la incompetencia de orden constitucional o legal, sea uno de los vicios que afecta la validez de los actos emanados del Poder Público, por cuyo motivo la función pública debe desplegarse dentro de los limites o prescripciones, formas y procedimientos señalados en la Constitución y en las leyes, en la oportunidad y para los fines previstos en las mismas.
Puede puntualizarse sobre este principio, que si bien es cierto la Constitución de 1999 consagra una división de funciones que corresponden a cada rama del Poder Público, tanto en sentido vertical como horizontal, se acepta la especialidad de la tarea asignada a cada una de ellas, también es cierto que se establece un régimen de colaboración entre los órganos que van a desarrollarlas para la mejor consecución de los fines generales del Estado.
Principio de reserva legal
Como individuos (personas físicas) podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohiba; y como persona moral solo pueden hacer lo que la ley les permite, lo anterior se
relaciona con
En un citado constitucional encontramos que la reserva legal. No es más que un precepto de rango constitucional el cual dice que determinadas materias no podrán ser regidas por decreto, sino por ley.
El Principio de Reserva Legal
El Poder Legislativo y los Poderes de ejecución
La reserva legal puede ser comprendida a partir de una definición en sentido negativo: “la figura de la reserva legal viene dada por la consagración a nivel constitucional de determinadas materias que, debido a la importancia jurídica y política que tienen asignadas, sólo pueden ser reguladas mediante ley, desde el punto de vista formal, y ello excluye la posibilidad de que tales materias sean desarrolladas mediante reglamentos o cualquier otro instrumento normativo que no goce de dicho rango legal”

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